DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (DPL). Gracias presidenta.

El Gobierno de México recibió un sistema de salud enfermo; 600 mil personas mueren al año por causas ligadas a enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes y la obesidad.

326 hospitales abandonados o sin concluir, un déficit de 50 por ciento en el personal de salud, la falta de equipamiento y de protección a los médicos, farmacéuticas coludidas con funcionarios causa del desabasto de medicinas.

20 millones de personas sin acceso a los derechos de salud y la Secretaría de Función Pública encontró un daño patrimonial de 7 mil 800 millones de pesos durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Y 6 mil 200 millones de pesos en unidades médicas no acreditadas, durante ese periodo.

La Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado pagos a grandes farmacéuticas por 80 mil millones de pesos, involucrados en fraudes fiscales.

Para 2018 teníamos los índices más bajos entre los países miembros de la OCDE tanto en cobertura como en gastos de salud, como proporción del Producto Interno Bruto.

Además, los abundantes recursos del Seguro Popular no se tradujeron en mejoramiento del sector salud.

¿Cuál es la causa? Las podemos encontrar en los informes de la Auditoría Superior de la Federación, que revelan un indignante e inmoral número de irregularidades y desvíos de recursos durante las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

En 2018 habían pasado ya 15 años de la implementación del Seguro Popular y la Auditoría concluyó que no se cumplió el mandato constitucional que le dio origen.

El sector salud federal y varios gobiernos estatales, según documenta la Auditoría Superior de la Federación, fueron prolijos en la transferencia de recursos para fines no autorizados por el Seguro Popular, la compra de medicamentos a sobreprecios y pagos millonarios sin comprobación.

El Seguro Popular entró en vigor en 2004 con el propósito de brindar servicios de salud a la población no derechohabiente, orientando a reducir el gasto de bolsillo y a fomentar la atención oportuna a la salud.

De acuerdo al Coneval, en 2018, existían 20.2 millones de personas sin acceso a los derechos de salud, incumpliéndose los objetivos del Seguro Popular.

La Auditoría por su parte, en sus informes de la Cuenta Pública, indican que durante 14 años de operación de este seguro, no se contó con infraestructura ni con indicadores, ni con información y metas.

El recuento de irregularidades es todo un catálogo de actos para saquear al erario a costa de la salud de las y los mexicanos, y van desde la falta de documentación comprobatoria del gasto por miles de millones de pesos sumado, estos 14 años investigados, al uso de recursos también millonarios por conceptos no autorizados y distintos al objetivo del Seguro Popular, como pagos a trabajos inexistentes, prebendas a servidores públicos, arrendamiento de inmuebles, pago de celulares, pago de impuestos, entre otros.

Abundan los gastos no devengados ni enterados a la Tesorería de la Federación en forma persistente.

Es indispensable que las autoridades investiguen y sancionen a los servidores públicos que participaron en el saqueo y encubrieron el desvío de recursos y el uso indebido de fondos públicos que debieron ser destinados para atender la salud pública del país, provocando daños al erario y un rezago enorme en la infraestructura de salud, así como en los servicios, afectando a millones de familias mexicanas.

Nada de lo descrito debe quedar impune, por ello, hacemos un llamado respetuoso a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleven a cabo los procedimientos correspondientes según sus responsabilidades, a fin de que los responsables no queden impunes.

Julio Frenk Mora, Salomón Chertorisvky y José Narro Robles, deben comparecer ante las autoridades por el inmoral uso de recursos públicos durante su gestión.

Y me permito, aparté un poquito de tiempo para decir, presidenta, que la secretaria de Energía, Rocío Nahle entregó un documento, un comunicado a la opinión pública y al Congreso, desmintiendo todas y cada una de las afirmaciones falsas y dolosas que hizo un senador aquí, que no sé pero ahorita rápido vi que fue secretario de obras en Veracruz, entregando contratos directos fuera de la ley, ahí si debe de investigar la Secretaría de la Función Pública por la corrupción con el sector salud que hubo durante su gestión.

También, decir que el INEGI cuando analiza el tema de la corrupción, se refiere a la percepción de los habitantes que tienen gestiones directas con gobiernos. Es decir, se refiere a los gobiernos estatales.

Y ninguna persona con cáncer, se le ha negado el servicio de salud. Es otra de las muchas infamias que inventa la oposición.

En este gobierno no ha rechazado ninguna solicitud de atención a ninguna persona, mucho menos niñas y niños que estén enfermos.

Termino diciendo que la renta básica o el ingreso universal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un análisis ante distintas solicitudes de este tema que hicimos en su momento, autorizó que se llevara el nombre de ingreso mínimo vital, y ese nombre es el que utiliza el Gobierno de la República para entregar un ingreso vital a 25 millones de familias que comprenden el 70 por ciento de la población, por lo tanto es un ingreso universal. Y vamos a llegar a la universalidad en este sexenio.

Muchas gracias presidenta y compañeras y compañeros.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/n4xQG7nNyoQ