LXIV LEGISLATURA

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Intervención de la diputada Dolores Padierna Luna, para presentar a nombre propio y de las diputadas y los diputados Katia Alejandra Castillo Lozano, Mario Delgado Carrillo, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Verónica Ramos Cruz, Laura Imelda Pérez Segura, Sandra Simey Olvera Bautista, Miguel Ángel Márquez González, Francisco Javier Guzmán de la Torre y Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario Morena, un punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno y a la Fiscalía del estado de Jalisco para esclarecer e investigar la muerte del C. Giovanni López Ramírez a manos de elementos de Seguridad Pública de la entidad y del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, así como al H. Congreso del Estado para que, conforme una Comisión Especial para la investigación de ese hecho, incluida la cadena de mando y las disposiciones legales emitidas por el Gobernador de la entidad, bajo las cuales incorrectamente se motivó la detención del C. Giovanni López Ramírez.

10 junio, 2020 - Prensa

DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (DPL). Gracias, presidenta. Las y los diputados federales de Morena solicitamos a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se actué para conformar una comisión que dé seguimiento a los hechos de Jalisco y tanto al decreto del gobernador como a la ejecución extrajudicial de Giovanni López y los actos de represión y detenciones ilegales y de desaparición forzada ocurridos en Jalisco.

Exhortamos a la Cámara de Diputados para que en la primera sesión que haya, constituya una comisión especial que dé seguimiento a los mismos hechos.

Solicitamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, valore clasificar la indagatoria de la muerte de Giovanni López y los hechos violatorios de los derechos humanos como la tortura y ejecución extrajudicial a la luz de lo establecido en los artículos 13, segundo párrafo y 30 de la Ley General para prevenir los actos de tortura y tratos crueles e inhumanos a la luz de los siguientes hechos.

La ejecución extrajudicial de Giovanni ocurrió tras la detención por policías municipales, quienes lo aprehendieron según testimonios de sus familiares por no utilizar cubrebocas.

El 19 de abril pasado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, publicó un decreto con una serie de medidas autoritarias desproporcionadas y violatorias de los derechos humanos además de utilizar un discurso agresivo, lleno de mentiras para desviar la atención sobre los impactos y consecuencias de sus actos de autoritarismo que han provocado sobre la sociedad jalisciense.

En un afán torpe de diferenciarse del Gobierno Federal, Alfaro rechazó la idea de que las medidas sanitarias frente a la pandemia no pueden ser un acto de fuerza, ni convertirse en un pretexto para violar los derechos humanos de la ciudadanía.

Agobiado en sus propios fantasmas, Alfaro ha pretendido evadir su responsabilidad recurriendo a un expediente añejo de acusar a Morena y al Presidente de la República de conspirar en su contra. No ha ofrecido prueba alguna, no ha hecho autocrítica de sus actitudes brabuconas y sus decisiones autoritarias.

En el colmo de sus enredos, Alfaro hizo una confesión aterradora para la salud democrática del país, cuando prácticamente admitió que los policías ministeriales obedecen las órdenes del crimen organizado.

Una expresión que merece todo el rigor de la ley y separar de inmediato de su cargo, al Fiscal panista Octavio Solís Gómez para que sea investigado por los dichos del gobernador.

A un mes de ocurridos los hechos y teniendo plena identificación de los policías agresores, la Fiscalía General del Estado se limitó a informar que estaban siendo investigados los hechos y facilitando las evidencias se diluyeran y tal vez pensando en que pudieran darse a la fuga los policías.

Se pretende también dejar en la impunidad a Eduardo Cervantes, presidente municipal priista, de Ixtlahuacán de los Membrillos, con quien Alfaro tiene una alianza para controlar congreso local que le ha autorizado deuda en varias ocasiones, convirtiendo a Jalisco en una de las entidades más endeudadas del país.

De acuerdo a algunos testimonios y testigos de los hechos, Giovanni López se resistió a su detención, pues no estaba cometiendo ninguna conducta contraria a la ley, y esa resistencia aparece en los reportes del estado para solapar a los policías y la omisión de la Fiscalía y del Gobernador.

Pero nada justifica el abuso de autoridad, ni la detención, ni la ilegalidad de su traslado en un vehículo oficial policiaco, menos aún que se haya cometido una ejecución extrajudicial contra este joven; nada puede justificar las lesiones que presentaba el cuerpo de Giovanni, como la fractura craneoencefálica, múltiples lesiones contundentes, ni una lesión de arma de fuego que los familiares detectaron en el cadáver del cuerpo de Giovanni en momento en que fue entregado a su familia por el servicio médico forense.

No basta con investigar el hecho como abuso de autoridad como lo ha señalado el Gobernador de Jalisco. Se trata de una ejecución extrajudicial precedida de actos de tortura y deben investigarse con los más altos estándares internacionales en la materia de Derechos Humanos tales como los contenidos en el protocolo de Minnesota.

La muerte de Giovanni, para entender la actuación de la policía municipal, se requiere que se investiguen también el decreto que el gobernador publicó, porque es un decreto que está excedido en sus dimensiones; lo que él propone está fuera de la ley y fuera de la Constitución.

El decreto del Gobernador generó un clima de intolerancia, de persecución y de criminalización, y esa fue la causa que provocó la ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez, por lo cual le pedimos también al Congreso del Estado finque responsabilidades y desconozca este decreto autoritario que publicó el Gobernador.

Gracias presidenta.

 

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/T7vPcn_NUQM

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Tus Diputados Morena
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14 h

#MorenaInforma Nuestro coordinador @mario_delgado1 informó que mañana se someterá a votación la integración de la Sección Instructora, la cual realizará la revisión y posible proceso de desafuero del diputado Cipriano Charrez

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