DIPUTADA LAURA MÓNICA GUERRA NAVARRO (LMGN). Con el permiso de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, el vasto patrimonio que tiene México lo distingue como uno de los países más prolíficos en cuanto se refiere a sus manifestaciones artísticas, históricas y culturales.

La riqueza que nuestros antepasados nos legaron requiere de acciones legales concretas para su protección, y es que en el comercio de piezas arqueológicas lamentablemente no se detienen, por el contrario, ha crecido exponencialmente y en él participan tanto particulares como galerías y coleccionistas internacionales.

El robo y tráfico de arte sacro es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo, mismo que asciende a 20 millones de dólares mensuales. Entre 2001 y 2010 fueron robados más de 400 obras de arte sacro de la época virreinal, las cuales pueden alcanzar precios de entre 35 mil a 150 mil dólares, señala el Episcopado Mexicano.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre 2003 y 2016 se registraron 4 mil 757 objetos arqueológicos o históricos reportados como robados en México, de los cuales solo se recuperaron 1 de cada 100.

Por lo anterior, es que la reforma a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos resulta oportuna, ya que incrementa las penas físicas y económicas para quienes cometen hurto o se apoderan de algún tesoro arqueológico, histórico o artístico mexicano.

Se trata de fomentar la protección del patrimonio cultural de nuestro país e inhibir la sustracción de bienes arqueológicos, históricos o artísticos, ajustando de manera pertinente las sanciones para quienes cometan tales delitos.

Ahora bien, se establece que se les impondrá prisión de 5 a 12 años y una pena económica de 3 mil a 5 mil unidades de medida y actualización a quienes infrinjan la ley y pretenda hacerse de algún bien de la nación. Por ello, se actualiza el marco normativo con base en los tratados internacionales como el de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada por la UNESCO en 2003, y es que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que data de la década de los setenta, específicamente en 1972, establece los principios y disposiciones para la preservación de los bienes culturales de la nación.

Por ello, el dictamen que está a discusión abona con herramientas legales en la lucha contra el tráfico ilícito de estos bienes que forman parte inherente de México y que nos han dado identidad y pertinencia a lo largo del tiempo.

A aquellos que trafican de manera ilícita con los bienes patrimoniales de la nación, a aquellos que han osado hacerse de manera ilegal de obras arqueológicas e históricas, a aquellos que cínicamente presumen en sus residencias una colección arqueológica o artística obtenida ilegalmente y a aquellos que subastan al mejor postor el patrimonio de México, les decimos: todo el peso de la ley caerá sobre ustedes, porque los verdaderos dueños del patrimonio cultural de nuestro país somos todas y todos los mexicanos y así lo defenderemos, porque fue de nuestros antepasados, es nuestro ahora, y lo será de las próximas generaciones. Es cuanto, presidenta.
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