DIPUTADA LORENA VILLAVICENCIO AYALA (LVA). Con su venia, diputada presidenta. Primero quiero hacer un reconocimiento a Marcela Lagarde, no solo por su contribución al feminismo, sino también por visibilizar la violencia feminicida, las alertas de género y establecerlas en una ley que ha sido muy importante para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

El feminicidio es el clímax de la violencia contra las mujeres que permea en muchos lugares del mundo, consecuencia de la discriminación y desigualdades que vivimos las mujeres por esa falsa creencia social y cultural que les otorga el poder a los hombres para someter y decidir por las mujeres y también del pacto de impunidad que el sistema de justicia le otorga a los agresores, violadores y feminicidas.

Con esa liturgia u orden patriarcal los hombres se sienten propietarios de las mujeres y con el derecho a corregir violentamente hasta llegar a arrebatarnos nuestra integridad y vida si no asumimos el mandato femenino. Ser mujer en este país se convierte en víctimas, y las mujeres no queremos serlo. O nos convierte en heroínas para ser sacrificadas por nuestros agresores, por la violencia institucional o política.

La violencia se ha convertido en un lenguaje aceptado y normalizado por muchos, incluso podemos hablar a estas alturas de un culto a la violencia. Hemos avanzado legislativamente no solo reconociendo los diferentes tipos de violencia, en recientes fechas la obstétrica y la simbólica, y también la política. Hemos avanzado también en incorporar la perspectiva de género en todas las leyes y la paridad en la integración de todas las instituciones de la administración pública y cargos de elección popular.

Sin embargo, el binomio de la desigualdad y la impunidad que vivimos las mujeres impiden que estos avances se traduzcan en igualdad plena en los hechos y acceso a la justicia. La pandemia mostró con gran fuerza el contagio masivo y creciente de la violencia contra las niñas y mujeres, reforzado por un Estado con sus tres niveles de gobierno, fiscalías y Poder Judicial, que tolera esa violencia y la promueve al no aplicar la ley y castigar a los agresores. Estamos en un verdadero Estado de impunidad.

El feminicidio se ha convertido en un punto de quiebre de muchas mujeres con la vida institucional, al no encontrar una respuesta clara del Estado para garantizar nuestra dignidad, integridad, derechos, libertades y la propia vida.

No estigmaticemos, entonces, la rabia de las mujeres que se está expresando el día de hoy en sendas manifestaciones por todo el país. Este mensaje del Estado a la violencia feminicida consolida el patriarcado, preserva y amplía las desigualdades de las mujeres, impidiendo el ejercicio de nuestros derechos, multiplicando la violencia contra las mujeres.

Por eso los Códigos Penales han incorporado este tipo penal, feminicidio, para que se considere el asesinato o privación de la vida de una mujer por el hecho de ser mujer. Es una razón para darle vida y consecuencia jurídica a la intención del hombre que mata como parte de esa cultura que le otorga un supuesto derecho para someter a una mujer a cumplir con el mandato, como ya decía, de lo femenino.

Es, en efecto, un crimen de odio. Asesinatos que además buscan la reivindicación de esa masculinidad nociva, dando muestras claras de brutalidad para darle mayor visibilidad. El propio texto del feminicidio nos arroja los datos de cómo se dan estos feminicidios, sus contextos, cómo y por qué les arrebatan la vida a 11 mujeres al día.

Yo reconozco la contribución que se ha dado para acuñar este tipo penal de parte de la Comisión de Igualdad Sustantiva. En efecto, nos basamos en el artículo 325 y contribuimos a mejorar las circunstancias, y agregamos nuevas circunstancias a este tipo penal. Pero también quiero decir –y con esto termino– que no es suficiente para vencer, para acabar, erradicar esta violencia feminicida tener un tipo penal homologado, que espero que los Congresos locales lo adopten para que podamos uniformar la manera de atender este problema tan grave que es el feminicidio.

Yo solamente quiero señalar que este país necesita un sistema de justicia que funcione, fiscales y tribunales especializados en violencia de género, presupuestos para los mecanismos de alerta de género, impulsar un Código Penal único y eliminar también –y lo digo con mucho respeto– el derecho a decidir de las mujeres. Porque esto vulnera la autonomía de las mujeres y consolida la desigualdad y el patriarcado.

Termino diciéndole al movimiento feminista y de mujeres que nos unimos desde esta tribuna a su exigencia para romper el orden patriarcal, castigar a los agresores donde estén y que se garantice a las víctimas indirectas del feminicidio, madres, hermanas o hijas, la reparación del daño. Y que logremos, finalmente, la garantía de no repetición. Por la vida de las mujeres y las niñas, ni una mujer más. Es cuanto, diputada.

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