DIPUTADA VERÓNICA COLLADO CRISOLIA (VCC). Compañeras y compañeros legisladores. Hace 36 años, el 19 de septiembre de 1985, a las 7 horas, un terremoto de 8.5 grados de magnitud, con epicentro en Guerrero, azotó el centro de México.

Las consecuencias fueron catastróficas, los edificios desplomados, las estructuras colapsadas, dejaron miles de muertos y un sinnúmero de heridos, algunas perdieron su trabajo, escuela u hogar, otros perdieron amigos, familiares y seres queridos.

Ante la adversidad surgieron la fuerza, la solidaridad, la fraternidad, desde diferentes sectores se formaron brigadas, equipos de rescate y campañas de apoyo internacional de las cuales algunas han trascendido a la actualidad.

El sismo en 1985 dejó huella, tanto en el plano arquitectónico, como en la memoria colectiva: la experiencia, el miedo, la frustración, se compartía de generación en generación, se sentían cada vez más lejanos.

No obstante, el 7 de septiembre del 2017, un terremoto de 8.2 grados, el de mayor magnitud en casi 100 años, sacudió a Chiapas y 12 días después la historia de 1985, se repitió, a las 13 horas del 19 de septiembre un nuevo sismo de 7.1 grados con epicentro en Puebla y Guerrero, impactó al centro y sur del país, una vez más el resultado fue devastador, cientos de personas perdieron la vida y miles se vieron afectadas, aunque algunas enseñanzas del sismo del 85 salvaron vidas, otras parecieron ser olvidadas.

Nuevamente mujeres, hombres, de todas las edades salieron para sumar manos, víveres y recursos, México demostró de manera repetida que la unión hace la fuerza. Sin embargo, la normatividad en la que se había trabajado para hacer frente a los sismos quedó rebasada por los actos de corrupción, impunidad y abuso de poder que pusieron intereses privados por encima de la vida de las y los mexicanos.

Los sismos ocasionaron afectaciones sociales y económicas, a las personas y a las comunidades, mismas que al no haber sido atendidas adecuadamente, impedían el regreso a la normalidad de la vida cotidiana. Ante el olvido por parte del sector público, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, impulsó en 2019 el programa nacional de reconstrucción, con el objetivo de atender con enfoque de derechos humanos a las personas afectadas.

En la actualidad se han destinado más de 33 mil millones de pesos para atender a la población del estado de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México. Dichos recursos han permitido llevar a cabo 6 mil 479 acciones para la reconstrucción o rehabilitación de escuelas, 52 mil 500 acciones en materia de vivienda, 2 mil 115 inmuebles invertidos y 186 acciones destinadas al ámbito educativo. Aunado a lo anterior, el Programa Nacional de Reconstrucción contempla capacitación para la prevención y conservación de bienes culturales, históricos, arqueológicos, artísticos en las entidades federativas afectadas.

El día de hoy estamos unidos, fuertes y de pie. Conmemoramos a las víctimas de los sismos de septiembre y seguimos trabajando para reconstruir la esperanza en cada una de las familias mexicanas. México se ha destacado siempre por ser unido, porque aunque haya fracciones que nos quieran dividir, nos caracterizamos por unirnos. México tiende la mano a quien más lo necesita. Es cuanto, señoría.