DIPUTADO JAIME HUMBERTO PÉREZ BERNABE (JHPB). Muchas gracias, pesidente. Con su permiso.

Compañeras y compañeros.

En el mundo hay más de 650 millones de personas que viven con alguna discapacidad. Si a esta cifra se le agregan los familiares cercanos que conviven con ellos, se pasa a la asombrosa cifra de 2 mil millones de habitantes que de una u otra forma viven a diario con discapacidad.

En todas las regiones del mundo todas las personas con discapacidad viven con frecuencia al margen de la sociedad, privadas de algunas de las experiencias fundamentales de la vida. Tienen escasas esperanzas de asistir a la escuela, obtener un empleo, poseer su propio hogar, fundar una familia, criar a sus hijos, disfrutar de la vida social o votar.

Para la inmensa mayoría de las personas con discapacidad del mundo, las tiendas, los servicios, el transporte público, y hasta la información están en gran medida fuera de su alcance.

Por este motivo, las personas con discapacidad pueden ser partícipes de las distintas actividades de la economía si reciben suficiente respaldo, apoyo y ayuda para desarrollar todo el potencial que tienen.

Cuando hablamos de emprendimientos, nos resulta casi imposible dejar de mencionar qué retos debemos de enfrentar diariamente para cumplir nuestros sueños, pero cuando se trata de un emprendedor o una emprendedora con alguna discapacidad, estos retos adquieren mayores dimensiones, y se suman a nuevos obstáculos para materializar nuevos proyectos.

En México, aunque está consagrada en la ley para generar, para prevenir y eliminar la discriminación desde los sexenios anteriores, el acceso de las personas con discapacidad a servicios financieros en nuestro país, se queda solo justamente en esa ley.

En el 2011 se promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se reformó en julio del 2018. Si bien esa ley es clara en cuanto a dotar de acceso a los programas sociales de infraestructura, de emprendedurismo, de apoyos para vivienda digna, hay poco en cuanto a promover el acceso a los servicios financieros.

Es decir, la población con discapacidad del país, se calcula por lo menos el 6 por ciento de la población en general. Es decir, 7.5 millones padecen de la discriminación financiera aunado a lo que ya se padece a cada día.

Desafortunadamente en este Poder Legislativo son pocas las iniciativas presentadas en torno al acceso a las personas con discapacidad a los servicios financieros.

En sus recomendaciones para armonizar legislativamente en materia de la discapacidad, la CNDH ya establecía en su informa anual 2018, tras analizar ocho leyes federales, pidió visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las personas con discapacidad que debe reflejarse en su acceso, sin discriminación a los servicios financieros como cuentas de banco, seguros de vida y gastos médicos mayores. Asimismo, disfrutar de los beneficios de sus creaciones entre otras actividades.

Es responsabilidad de todos, tanto de legisladores, sector público y privado y de la sociedad, incluir a las personas con discapacidad en las actividades cotidianas y que en equidad, puedan desarrollarlas en su día a día; lo que implica garantizar que existan políticas y prácticas adecuadas al crédito que no es una dádiva ni un favor, sino un componente esencial del circuito económico.

Es parte sustancial de un sistema financiero capaz de impulsar el desarrollo de toda sociedad moderna.

De acuerdo con la fundación de Discapacitados Unidos en Tamaulipas A.C., han manifestado que algunas personas tienen discapacidad de la vista, otros están en sillas de ruedas etcétera, pero destacan que necesitan acceso a créditos porque son emprendedores. Ellos trabajan y se valen por sí mismos, por lo que, más que un apoyo económico, a pesar de sus limitaciones, destacan que necesitan puedan acceder a estos créditos.

En síntesis, la presente iniciativa propone reformar el artículo 7 de la ley para el desarrollo de la competitividad del la micro, pequeña y mediana empresa, para establecer que la secretaría diseñará, fomentará y promoverá la creación de instrumentos y mecanismo que garanticen, así como otros esquemas que faciliten el acceso al financiamiento de las MIPyMES en igualdad de oportunidad para mujeres, hombres y personas con alguna discapacidad.

Asimismo, se considera necesario reformar la fracción tercera del artículo 10 de la citada ley, con el objeto de establecer que se debe enfocar los esfuerzos de acuerdo con las necesidades, el potencial y las vocaciones, regionales, estatales y municipales; atendiendo la perspectiva de género he impulsado en todo momento la igualdad entre mujeres y hombres que presenten algún tipo de discapacidad.

Por último, y atendiendo el espíritu de brindar mayor protección de las personas con discapacidad en los servicios financieros, se propone reformar el último párrafo de la fracción octava del artículo 11 de la ley en comento, para establecer que la secretaría promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado de las MIPyMES en igualdad de oportunidades para mujeres, hombres con algún tipo de discapacidad.

Concluyo presidente. En Morena sabemos que las personas con discapacidad a menudo enfrentan barreras que limitan su participación y les impiden disfrutar de igualdad de oportunidades. Es entonces que confirmó que como legisladores tenemos la imperiosa necesidad de llevar a cabo las acciones legislativas que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos, así como el de sus familiares y el de las organizaciones a las que representen, con el propósito de que se conozcan y utilicen los medios y mecanismos legales para hacerlas exigibles en sus derechos.

Muchas gracias presidente, es cuanto.