DIPUTADO MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (MRG). Con su permiso, diputada presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores. La cultura del pago voluntario de impuestos es un pilar de las economías modernas, para lograr dicho fin es necesario cuidar los derechos de los contribuyentes y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La confianza que le tiene el pueblo de México al gobierno de la cuarta transformación se ve reflejada no solo en las encuestas, sino también en el aumento en el pago de impuestos, cuya recaudación incrementó aproximadamente en 14.5 por ciento del producto interno bruto.

En tal sentido, se debe destacar el esfuerzo de los contribuyentes y la titánica labor que ha desempeñado el Servicio de Administración Tributaria para lograr que los ingresos fiscales crecieran significativamente. El más alto de los últimos diez años, a pesar de la contingencia sanitaria que aún enfrentamos.

De igual forma, es gracias al compromiso y a la solidaridad de las y los contribuyentes durante la contingencia sanitaria que las contribuciones internas registraron un aumento en 7.1 por ciento real respecto al 2019, lo que compensó la actividad de comercio exterior que registró una disminución de 13.6 por ciento real en ese mismo periodo.

Sin embargo, dentro de la estrategia recaudatoria de nuestro país no debe quedar de lado la atención y seguimiento continuo al contribuyente en los trámites que este debe realizar ante el SAT.

Un ejemplo de ello es cuando las autoridades fiscales retiran o cancelan la posibilidad del contribuyente de generar los certificados de sello digital, cuya función es firmar digitalmente las facturas electrónicas o CFDI, como comúnmente se les conoce.

Independiente de los motivos a los que dio lugar dicha cancelación de los certificados de sello digital y, una vez que el contribuyente haya iniciado el procedimiento de aclaración para subsanar las irregularidades que dieron origen a la cancelación de los CFDI. No hay razón para que la autoridad no resuelva a la brevedad su situación jurídica, lo anterior toda vez que el procedimiento se ve interrumpido si en su caso dicho trámite se cruza con los periodos de vacaciones generales de las oficinas del SAT.

Con lo anterior, el contribuyente queda desamparado al no poderle dar continuidad a sus trámites, hasta que dichos servicios de atención y solución de irregularidades regresa a la normalidad después de sus periodos vacacionales, produciendo pérdidas económicas al no poder generar facturas por la actividad empresarial a la que se dedique, sumado a que la afectación no es únicamente para la persona moral o física con actividad empresarial, sino para sus trabajadores, ya que el contribuyente se ve impedido para pagar nómina.

La autoridad fiscal debe tomar en cuenta que los trabajadores al no tener ingresos pagan impuestos directos e indirectos también y siguen beneficiando la recaudación al erario. Nos toca como legisladores seguir apoyando en el perfeccionamiento de nuestras instituciones que sean de utilidad para el gobierno y para los ciudadanos.

Es por ello que me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que se propone en la reforma al artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la cual busca fortalecer la atención y solución de irregularidades a los contribuyentes, así como fortalecer la estrategia recaudatoria para nuestro país.

En los periodos vacacionales a que se refiere el artículo 12 de esta ley, las autoridades fiscales deberán implementar las guardias laborales, con personal capacitado en las administraciones locales, a efecto de atender al contribuyente en las oficinas o en las plataformas digitales para la atención de trámites en los cuales los contribuyentes pudieran sufrir una afectación económica o a sus derechos.

Estoy seguro de que contaré con su voto en esta reforma que es benéfica para el gobierno, para los contribuyentes y para el país. Por su atención, gracias. Es cuanto.