DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA (RCG). Con su venia, presidenta Sauri.

Senadoras y Senadores, Diputadas Diputados de esta Comisión Permanente.

Es grato para mí, porque me hace consecuente, presentar la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

México está en un proceso de transformación en su vida pública, entre cuyos ejes fundamentales se encuentra el combate al gravísimo problema de corrupción política y gubernamental en que sumieron al país los malos gobiernos del régimen derrotado en 2018, así como el igualmente grave fenómeno de impunidad que durante décadas dio vía libre a las conductas delictivas más aberrantes perpetradas desde el Servicio Público, impunidad que como decía Galeano, premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo, según nos recuerda Epigmenio Ibarra.

Impunidad, que como todos sabemos, se ha refugiado por décadas en el fuero, esa mal utilizada figura constitucional que concede impunidad procesal penal a los altos servidores públicos y que en realidad ha servido para fraguar un esquema de protección para las complejas redes de corrupción y delincuencia organizada desde la función pública.

Por ello, quienes trabajamos desde el Poder Legislativo por la cuarta transformación de la vida pública de México, estamos empeñados en erradicar esos problemas, a partir de la reforma a nuestra Constitución y a la legislación secundaria, pero también desde el debido ejercicio de la función jurisdiccional que la propia Constitución otorga a la Cámara de Diputados para combatir la impunidad retirando el fuero, caso por caso, a servidores públicos acusados de delinquir para que sean juzgados.

Aquí hago un paréntesis. Espero que sea verdad, porque tengo conocimiento de que se citará para el próximo martes 27 de julio, a fin de que cumplidas las 48 horas que establece la ley, el jueves, viernes 29 y 30 de julio celebremos el anhelado primer período extraordinario en la Cámara de Diputados, no vayan a salir con que a “Chuchita la bolsearon”.

Por ello, quienes trabajamos desde el Poder Legislativo por la cuarta transformación de la vida pública de México, estamos empeñados en erradicar esos problemas, a partir de la reforma a nuestra Constitución y a la legislación secundaria.

Esta LXIV Legislatura ha sido histórica en materia de desafuero, Morena ha impulsado decididamente la activación del procedimiento de declaración de procedencia para que el fuero no sea un generador de impunidad. Hemos atendido todos los casos que las autoridades ministeriales federal y estatales nos han solicitado.

No hemos tenido miramientos, habiendo elementos sólidos para probar la existencia del delito y la probable responsabilidad del servidor público, hemos procedido a desaforar, sin importar posiciones, colores partidistas, amistades, etcétera, incluso hemos realizado una reforma a los artículos 108 y 11 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2021, con el objeto de eliminar el sistema de impunidad que privilegiaba al presidente de la República.

El propio titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, nos mandó hasta por dos ocasiones la iniciativa. Es precisamente esa reforma la que da materia a la presente iniciativa, se trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente, cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana, pero también a partir de los trabajos emprendidos para reactivar los procedimientos jurisdiccionales que nos corresponden por mandato constitucional.

Hemos contactado que la actual Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es una norma obsoleta, que genera múltiples cuestionamientos al momento de desarrollar, con seriedad, los procedimientos de juicio político y de desafuero.

Nuestra lucha seguirá siendo, lo reitero, para eliminar el fuero constitucional y terminar definitivamente con los resquicios que puede refugiarse la impunidad, en tanto conseguimos derrotar las resistencias que aún ofrecen quienes se beneficiaron de ese privilegio durante el régimen pasado.

Queremos actualizar y agilizar las funciones jurisdiccionales de la Cámara de Diputados como ahora, al mismo tiempo, que otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a quienes son sujetos de algunos de los procedimientos, el juicio político, la declaración de procedencia y, en adelante, el procedimiento que permitirá procesar, penalmente, al presidente de la República.

Ya no más impunidad.

Es cuanto, presidente.

Muchas gracias.