DIPUTADA GRACIELA ZAVALETA SÁNCHEZ (GZS). Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, México vive una profunda crisis, heredada a la presente administración. Para nadie es desconocida la tremenda vulneración a los derechos humanos por la llamada guerra al crimen organizado. Tiene efectos... los sufrimos en la carne propia de la sociedad, mientras que quienes los causaron viven como si nada hubiera pasado. Organismos defensores de los derechos humanos coinciden en que la desaparición forzada de personas se generó a partir del año 2007 en un contexto de violencia demencial.

Según la Secretaría de Gobernación, más de 77 mil personas han desaparecido. La violación grave a los derechos humanos, impunidad e injusticia abre profundas heridas. No ha podido sanar el dolor de quienes son víctimas y familiares de los desaparecidos.

El dictamen de la Comisión de Justicia puesto a consideración de este pleno tiene de fondo este contexto social, por demás lacerante. La desaparición de cualquier persona representa un reto mayúsculo para el Estado. La existencia de un solo caso es inaceptable y debe llegarse a la verdad para erradicar este delito.

La búsqueda de personas tiene una clave fundamental, gracias a las organizaciones civiles, defensoras del respeto de los derechos humanos de las víctimas. Ellos acompañan a las familias para realizar las investigaciones que las autoridades dejan de hacer irresponsablemente y en ocasiones con complicidad criminal, robusteciendo el delito.

Los miles de desaparecidos, la lucha y exigencia de colectivos, organismos, la movilización de activistas y el reclamo de las mismas familias derivaron en recomendaciones internacionales, a fin de impulsar reformas jurídicas y generar disposiciones legislativas para crear un sistema de búsqueda de desaparecidos.

El Poder Legislativo decretó la ley en la materia, publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. La legislación dispone solicitar a la autoridad judicial la intervención de comunicaciones en términos de la normatividad correspondiente.

Con eso expongo el espíritu de la iniciativa materia de este dictamen, para reformar los artículos 50 Bis y Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se trata de incluir en el texto de los preceptos mencionados la ley en materia, para que los jueces de control autoricen la intervención de comunicaciones privadas en las investigaciones de este delito.

Dejo en claro lo que no es esta reforma. No es legitimar ni de pasar por lo oscurito el espionaje o permitir la violación de las comunicaciones privadas, esta reforma obedece a las 102 propuestas para la atención integral de la desaparición de personas, hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, y se trata de una de las excepciones permitidas por la ley y la Constitución. Con eso, la propuesta está suficientemente fundada, motivada y justificada. El dictamen de la Comisión de Justicia así lo considera de manera impecable.

Este cambio adopta medidas y recomendaciones hechas al Estado mexicano para lugar un marco jurídico robusto para prevenir este delito y fortalece la legislación del Poder Judicial federal, conforme a los criterios de respeto a los derechos humanos.

Subrayo esto ante ustedes, compañeras y compañeros y ciudadanos, no es tolerar el espionaje ilícito ni se permitirá la intervención ilegal de comunicaciones, cosa violatoria del artículo 16 constitucional. Somos congruentes de acatar la ley y tutelar los derechos, garantías y orden constitucional como eje total de la cuarta transformación, encabezada por el presidente de la República.

Honorable asamblea, esta LXIV Legislatura da un paso para que no se tenga pretexto alguno a fin de que jueces federales obsequien los elementos de investigación necesarios para resolver todos y cada uno de los casos de desaparecidos, esos que duelen y lastiman nuestra conciencia nacional.

Soy consciente de que esto es un trazo de largo camino aún por recorrer contra esta oprobiosa situación, pero este pequeño paso implica un gran salto en la defensa y tutela de los derechos humanos de quienes hoy reclaman justicia para garantizar el derecho a la verdad sin condiciones, acabando con la impunidad, corrupción e injusticia, por eso, ni un solo desaparecido más en México. Es cuanto, presidenta, gracias.