DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ (NAH): Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La violencia familiar es una realidad en nuestro país, sobre todo en el confinamiento provocado por la pandemia del virus del Covid 2019.

El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, entre otros factores, causan situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos contextos.

De ahí que sea necesario revisar el marco legal que protege a los integrantes de las familias mexicanas de la violencia que se desata por otro integrante del núcleo familiar y que puede tener diferentes causas y variadas consecuencias en la salud física y psicológica de las mujeres, adultos, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores o cualquier otro miembro de la familia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tan solo los meses de enero a marzo del 2020, existieron aproximadamente poco más de 170 mil llamadas al 911 por incidentes de violencia familiar, más que las registradas en los años 2019 y 2018. Por lo tanto, la violencia familiar, de acuerdo con las llamadas que se han recibido al 911, ha ido en aumento.

Un ejemplo de esta violencia, fue el caso que en días recientes se dio a conocer en redes sociales, el lamentable e indignante caso de abuso y maltrato que sufrió una abuelita por parte de su hijo, en un domicilio de la alcaldía Tlalpan. En el video se pudo apreciar, a una persona mayor de aproximadamente 95 años de edad, siendo atacada por su propio hijo. Y como este caso, se han presentado muchos más de violencia y maltrato a niños, niñas y mujeres o hacia algún otro miembro de la familia.

El incremento de casos de violencia familiar en esta pandemia por Covid-19, es una lamentable realidad que sufren día a día, mujeres, niñas, niños, adolescentes, hombres y personas adultas mayores, es decir, cada integrante de la familia se puede encontrar en situación de riesgo de sufrir abuso de distinto tipo y más cuando hay factores que lo propician.

Son alarmantes las cifras dadas por los órganos de gobierno, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores son maltratados, y en tiempos de cuarentena por la emergencia sanitaria la situación se agrava aún más.

Por lo que considero imperioso reformar la penalidad para que a quien cometa el delito de violencia familiar se imponga de cinco a ocho años prisión, y perderá el derecho de pensión alimenticia y el derecho a heredar respecto de los bienes de la víctima y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, se dará una inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y custodia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado.

En este sentido, y atendiendo el espíritu de brindar mayor protección a las víctimas, se propone adicionar el último párrafo del artículo citado, para que en estos casos el delito sea perseguido de oficio. Hasta el momento es evidente la falta de claridad en las definiciones jurídicas que se han pretendido elaborar sobre el concepto de violencia familiar, lo cual dificulta las tareas de procuración e impartición de justicia.

En el Grupo Parlamentario de Morena sabemos que debemos proteger a todos los integrantes de las familias mexicanas, pues son el pilar de la sociedad y en ellas y sus nuevas generaciones está la transformación que todos anhelamos en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.