DIPUTADA REYNA CELESTE ASCENCIO ORTEGA (RCAO): El objeto de esta iniciativa es reformar el quinto párrafo del artículo 111 constitucional, a fin de que, si un funcionario local que goza de fuero comete un delito federal, se le pueda desaforar solamente por la Cámara de Diputados y pueda ser llevado al juicio penal, eliminando el requisito de que el asunto se envíe a la Legislatura local.

Queremos eliminar el doble fuero al que aspiran algunos gobernadores, buscamos romper los pactos de impunidad y los recovecos por los cuales algunos funcionarios locales no pueden ser llamados a cuentas por la justicia.

En efecto, actualmente si un servidor público de los estados –de los que gozan de inmunidad procesal– comete un delito federal, se le tiene que seguir el desafuero, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que la Cámara de Diputados se lo comunique a la legislatura local que corresponda, y si en el ámbito de la entidad federativa no existe procedimiento previamente establecido para procesar un asunto de esta naturaleza, se tendría como consecuencia que el servidor público no pueda ser procesado, o bien, en el caso se alargue el proceso por las autoridades locales.

Es innegable que en las entidades federativas los gobernadores mantienen un control sobre los otros Poderes, Legislativo y Judicial, por lo que es altamente posible que controlen y vicien el procedimiento que tenga por objeto quitarles el fuero.

Hago la aclaración de que es falso que el diseño constitucional del texto vigente del artículo 111 constitucional, se haya previsto como una garantía para evitar que hubiese ataques desde el gobierno central hacia las autoridades locales, lo cierto es que se trata de una norma anacrónica y desfasada que corresponde a un régimen podrido y corrupto.

El texto actual que se está reformando es producto de una modificación constitucional del 28 de diciembre de 1982. Es decir, en ese año se fortaleció el pacto de corrupción para los gobernadores, por lo que estamos eliminando una concesión del viejo régimen a sus gobernadores que iba dirigido a que nunca fueran procesados por delitos federales.

Estoy cierta que esta iniciativa va a calar hondo en los conservadores, porque va contra los beneficios e impunidad de los cuales gozan. Van a quejarse los mismos que me atacan por la iniciativa para sancionar a los ministros de culto que cometen actos de discriminación. Al igual que ellos, están reacios a los cambios de la cuarta transformación que apuntan hacia un México democrático de iguales, sin beneficios ni privilegios.

En Morena, queremos erradicar las malas prácticas de la clase política que ha diseñado las formas jurídicas para garantizar la impunidad ante los múltiples actos de corrupción que han cometido, por lo que, si un gobernador cometió delitos federales, buscamos que sean que efectivamente investigados y, en su caso, procesados judicialmente. Es cuanto, presidente.