DIPUTADO CÉSAR AGUSTÍN HERNÁNDEZ PÉREZ (CAHP). Compañeras y compañeros legisladores, vengo a presentar una iniciativa para reformar los artículos 41, 54 y 116, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para, en un primer momento, establecer que les será cancelado el registro al partido nacional que no obtenga, al menos, el 5 por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión.

Dos, con la finalidad de reducir el tiempo de duración de las campañas y propongo que, en el caso de los senadores, se reduzca de 90 a 60 días y para los diputados federales de 60 a 45 días.

Como todos sabemos, el pasado 6 de junio del 2021 tuvimos elecciones para renovar todos los integrantes de la Cámara de Diputados, además de elegir aproximadamente un total de 19 mil 915 cargos locales, de conformidad con información del Instituto Nacional Electoral el financiamiento público para los partidos políticos nacionales ascendió a un total de 7 mil 194 millones 497 mil 923 pesos. Sin duda, el financiamiento de los partidos políticos es un tema central de debate político en México.

Hay quienes haciendo eco de las voces de miles de ciudadanos, consideramos que es excesivo el monto de los recursos que reciben del erario público, pero también coincidimos en que es un recurso necesario para consolidar la democracia.

La interrogante sería ¿cómo mediar este recurso? La respuesta es poniendo reglas más estrictas para la permanencia de los partidos políticos, como lo es el subir el porcentaje de la votación requerida al 5 por ciento.

En nuestro país, para atender dicho pendiente, a partir de la reforma político-electoral del 2014 se aumentó el porcentaje para permanecer con el registro del 2 a un 3 por ciento, sin embargo, hoy ya no es suficiente. A manera de ejemplo resalto las experiencias de países como Chile, Guatemala y Perú, que refieren el 5 por ciento para la supervivencia de sus partidos políticos.

Asimismo, vengo a plantear el tema de la duración de las campañas electorales para senadores y diputados federales, que actualmente puede considerarse un exceso, que trae consigo un derroche de costos e incluso contaminación, debido al incremento en propaganda y ruido, además del posible hartazgo de la ciudadanía frente a su amplia duración.

Ante tales circunstancias, la sociedad reclama el fortalecimiento de las instituciones electorales, así como la reducción de los costos que por varios procesos han tenido las contiendas electorales. Las campañas extensas implican mayores requerimientos de financiamiento público para los partidos políticos y sus candidatos. No hay certeza de que el tiempo tenga un verdadero impacto en el debate ni en la participación ciudadana, e incluso se llega al fastidio electoral.

Además, el periodo de duración de las campañas, es un factor que determina no solo el financiamiento público para las mismas, sino también el gasto ordinario de las instituciones electorales.

Bajo ningún argumento se justifica el enorme gasto que actualmente se genera en las elecciones, dado que una buena estrategia de campaña en un tiempo considerable puede ser suficiente para llegar a los electores y obtener su voto. En la era actual la forma de hacer política está en constante evolución. El uso de las tecnologías de información y comunicación facilita los diferentes procesos, tanto a los partidos como para el posicionamiento de los candidatos y su conocimiento por parte de los votantes. Así disponen de una mayor cantidad de información en la plataforma electoral. En sí, las TICs vuelven mucho más eficiente el proceso de comunicación política.

Al aumentar el umbral para la supervivencia de los partidos y reducir los tiempos de campaña se lograría que las organizaciones interesadas en permanecer meditaran acerca de su verdadero nivel de representación, dejando en el proceso únicamente a aquellas que sí contaran con un importante respaldo social, lo cual generaría, sin lugar a dudas, ahorros en los gastos de operación, lo que nos permitiría direccionar esos recursos a programas sociales de bienestar, a la salud, a la educación. Es decir, a favor de quienes realmente lo necesitan.

Finalmente refiero que las propuestas se inscriben dentro del principio que guía los esfuerzos de la cuarta transformación: la austeridad republicana, que no es otra cosa que hacer eficientes y congruentes los gastos del dinero público, en beneficio del pueblo. Por su atención, muchas gracias.