DIPUTADA BEATRIZ ROJAS MARTÍNEZ (BRM). Diputadas y diputados, la iniciativa que hoy presento es para garantizar un derecho fundamental para las mujeres de este país. Nuestro país tiene una gran deuda de garantizar a las mujeres un derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Como nación somos firmantes de diversos instrumentos internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Exhorta a los estados a tomar todas las medidas necesarias para cambiar las actitudes sociales, culturales y eliminar prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en estereotipos o ideas que discriminen a las mujeres.

Es una obligación del Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de los tratados internacionales de lo que es parte, en particular sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en lo que respecta a la interrupción legal del embarazo.

Para México es un momento histórico con las actuales reformas en el estado de Hidalgo en junio y Veracruz en julio, ambos en este 2021, con los antecedentes de Oaxaca en 2019, la Ciudad de México, que marcó referencia desde el 2007 y ahora, con los recientes fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la despenalización del aborto y de la objeción de consciencia.

Es el momento de que todas las mujeres tengamos derecho a la interrupción legal y segura. Es imprescindible que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se conviertan en un derecho para todas, a lo largo y ancho del país, en todas y cada una de las entidades federativas.

No es posible que, mientras unas puedan gozar plenamente de este derecho, otras no solo lo tienen restringido, además han sido castigadas, criminalizadas y encarceladas.

La lucha de las mujeres y el movimiento feminista por el aborto legal ha sido larga y constante en toda América Latina y en nuestro país. En los últimos 15 años se han presentado diversas iniciativas con este objetivo.

El pasado 7 de septiembre, la Suprema Corte resolvió declarar inconstitucional la criminalización total del aborto, invalidando los artículos que castigan con cárcel a quienes aborten y ese criterio se establece para todas y todos los jueces de nuestro país.

Citando al ministro presidente, Arturo Zaldívar, “A partir de ahora, se inicia una nueva ruta de libertad, de claridad, de dignidad y respeto a todas las mujeres. Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad, su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos.”

De la misma forma, el 20 de septiembre resolvió invalidad precepto de la Ley General de Salud sobre objeción de consciencia del personal médico y de enfermería, sin establecer las salvaguardas necesarias para garantizar el derecho a la salud. Y ha exhortado a este Congreso de la Unión a legislar en el tema, regulando con estándares claros y puntuales para que el personal médico y de enfermería y de los servicios de salud pública y privada, puedan ejercer objeción de consciencia, sin que esto se convierta en una negación de servicios para las personas que los requieren de manera pronta y sin dilaciones.

Con estos dos históricos fallos de la Suprema Corte, a las legisladoras y los legisladores, nos corresponde adecuar el marco jurídico para garantizar la despenalización del aborto, el derecho a la objeción de conciencia sin obstaculizar el derecho a la salud.

Por ello presento esta iniciativa que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y una adición a la Ley General de Salud, para garantizar la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, asegurando que el aborto legal no obliga a nadie a abortar, simplemente reconoce el derecho de las mujeres a decidir. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar.

Aborto legal para no morir Es cuanto, diputada presidenta.