DIPUTADA DOLORES PADIERNA LUNA (DPL). Esta iniciativa es muy importante, en realidad es muy sencilla, porque consiste en poner en la Ley de Instituciones de Crédito, un procedimiento para el debido proceso, que era lo que solicitaba la Corte.

El día 25 de febrero de 2002, el Senado de la República ratificó el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo. Desde ese momento, el Estado mexicano quedó obligado a impedir el blanqueo de capitales, a impedir operaciones con recursos de procedencia ilícita, quedó obligado a desmantelar las organizaciones criminales, quedaba obligado a quitar todo el poderío económico de estas organizaciones.

Ese tratado en su numeral 5, artículo 5, numeral 3, establece que se tienen que instrumentar medidas disuasivas, eficaces para prevenir los ilícitos. Por eso no se está hablando aquí ex post, sino de una medida cautelar, una medida preventiva.

En el artículo 8, además, se establece que se tiene que construir un esquema para la identificación, detección, aseguramiento incautación y decomiso de los fondos utilizados para cometer estos delitos, y en ese mismo sentido la Corte declaró constitucional el bloqueo de cuentas, salvo en el caso de las cuentas nacionales por la falta de un debido procedimiento que respetara el debido proceso. Eso se está subsanando en esta ley y queda listo el día de hoy.

En otras palabras, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito ordena que esta medida, porque no la tenía ante delitos peligrosos originados en el país, y no hay ninguna razón de por qué sí bloquear cuentas cuando se trate de asuntos internacionales y no para los asuntos nacionales. Y eso no lo han podido explicar.

Este dictamen se ajusta a los lineamientos internacionales y a los brindados por la Suprema Corte, estableciendo un procedimiento de carácter administrativo para la identificación, detección, aseguramiento y decomiso de los fondos vinculados a cuentas bancarias operadas que estén vinculadas a delitos con operaciones de procedencia ilícita y al financiamiento al terrorismo.

Cuando Peña Nieto presentó la reforma financiera justamente en la Ley de Instituciones de Crédito, yo propuse que en este artículo se incluyera este procedimiento, y contestaron que no era el momento, que no era posible porque faltaban asuntos en la Constitución, y hoy que los estamos subsanando también están en contra.

Entonces, el sistema jurídico mexicano, me contestaron también que, ya regulaba, pero en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y en efecto, nuestro sistema mexicano regula la medida cautelar para inmovilizar las cuentas y está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En fin, podría hablar muchas cosas, pero simplemente decir que este dictamen subsana la deficiencia sobre el debido proceso señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ello lo hace, lo vuelve constitucional. Y cabe señalar que en las actividades de financiamiento al terrorismo y operaciones de blanqueo son delitos que atentan contra la seguridad nacional, contra el Estado mismo, por eso no se puede tratar como una ley ordinaria, no puede hacer un procedimiento de carácter de ley ordinaria, se requiere un tratamiento diferenciado para asegurar la existencia del Estado, la existencia de la nación.

Las medidas precautorias en esta materia de seguridad nacional son más rígidas que la ley ordinaria por eso es importante esta medida cautelar, como la que propone este dictamen. Ya se habló del procedimiento, yo terminaría diciendo que este esquema procesal es un procedimiento administrativo en forma de juicio sumario para desmantelar las cuentas del crimen organizado.

Con esta norma se podrá combatir estos dos delitos de manera más eficaz, esta norma va a dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de una estructura jurídica para que actúe conforme a lo mandata la Constitución, le da certeza jurídica al bloquear las cuentas para que, cuando hice también la pregunta al gobierno anterior, cuando la revista Forbes publicó al Chapo en la lista de los mexicanos más ricos del mundo, pregunté ¿por qué no se desmantelaban sus cuentas, si hasta Forbes tenía la lista de cuánto dinero tenía? Y contestaron que faltaba en la ley este procedimiento, y hoy que proponemos el procedimiento, se oponen al procedimiento.

Entonces ya no sabemos qué es lo que están defendiendo los que se oponen a esta iniciativa.

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