DIPUTADA IDALIA REYES MIGUEL (IRM): Buenas tardes a todos. Con su permiso, diputada Sauri. Presento iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Uno de los problemas más graves que nos heredó el neoliberalismo es el de las pensiones, debido a las reformas realizadas por los tecnócratas y aprobadas por los diputados de los partidos que hoy están en la oposición, una gran masa de mexicanos está condenada a recibir pensiones insuficientes, después de toda una vida de trabajo y cotización.

Sus ahorros están en manos de consorcios financieros que los manejan a su antojo y obtienen así jugosas ganancias.

En meses pasados aprobamos una primera iniciativa para solucionar estos problemas, reduciendo las semanas de cotización necesarias para alcanzar una pensión mínima garantizada, además de reducir las cuotas que las Afore cobran a los trabajadores.

Pero corregir la plana de esta manera no ha sido suficiente, miles de mexicanos perciben que sus ahorros están en riesgo y su futuro es incierto.

De perpetuarse el sistema heredado por el neoliberalismo de cotización individual y administración privada de los fondos, ahora esa amenaza se materializó con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, de tasar el tope máximo de las pensiones del ISSSTE en unidades de medida y actualización y no en salarios mínimos como se venía haciendo.

La decisión de la Suprema Corte es lesiva de los intereses de los pensionados, supone una diferencia de ingresos, que en el caso de una pensión que recibe cinco veces el salario mínimo es de casi 8 mil pesos mensuales, suma nada despreciable para los raquíticos ingresos de la mayoría de los pensionados.

Entendemos perfectamente la ruta de incremento al salario mínimo, que llevó a su desvinculación con respecto de las multas y pagos de derechos y a la creación de la Unidad de Medida y Actualización.

Reconocemos también el enorme logro de la administración actual que ha conseguido aumentos de 16.20 y 15 por ciento al salario mínimo, con lo que se inicia la recuperación de un indicador que perdió 80 por ciento de su poder adquisitivo durante el neoliberalismo y que no había recibido ningún incremento en 40 años.

Pero, también hay que señalar que la más reciente resolución de la Suprema Corte es abusiva y lesiva de los intereses de los trabajadores, se monta sobre estas sanas intenciones de recuperación del salario mínimo, para afectar los ingresos de miles de trabajadores que ahora están inconformes y comienzan a movilizarse en busca de una respuesta a sus demandas de no tasar las pensiones en Unidad de Medida y Actualización.

Sabemos que una respuesta positiva a sus demandas está dificultada por los problemas que sobre las finanzas públicas provocó la pandemia. Es un momento difícil para la economía mexicana y en ese contexto también reconocemos que el gesto de incrementar la pensión otorgada a los adultos mayores, que fue anunciada por el presidente el pasado 21 de marzo, es una medida de justicia social completamente necesaria, que aplaudimos y apoyamos incondicionalmente.

Pero no hay que olvidar al resto de los adultos mayores, en este caso a los que cotizaron toda su vida a un fondo de pensiones y que hoy se sienten despojados por una Suprema Corte que emitió un laudo contrario a sus anteriores opiniones, fundado en una interpretación abusiva de la ley y completamente ajeno al espíritu del legislativo en el momento de generar las disposiciones vigentes.

Por todo lo anterior, es que hablo en esta tribuna en favor de la restitución de los derechos de miles de trabajadores que cotizan en el fondo de pensiones del ISSSTE o que ya están jubilados.

En diversas instancias ellos han manifestado su rechazo a la tasación de sus pensiones en unidades de medida y actualización, y esperan una rectificación de la decisión de la Suprema Corte.

No hay mucho misterio en el tema, necesitamos restituir el espíritu con que el Legislativo acordó la ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo dictamen, publicado el 15 de diciembre de 216 en el Senado de la República, enfatiza que la prohibición del salario mínimo como medida para multas y pagos de derechos, no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización.

Por tanto, en honor a la justicia y más allá de los cálculos monetarios, es ineludible reformar el artículo 123 constitucional con su fracción VI, para establecer claramente, sin margen a interpretaciones abusivas, que los derechos y las prestaciones, cuya naturaleza sea análoga al salario y las prestaciones de seguridad social, seguirán utilizando el salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia. Este es el contenido de la iniciativa que hoy propongo en este pleno.

Invito a todos los trabajadores afectados por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a movilizarse, a no quedarse callados ante semejante atropello. A mis compañeros, los invito a sumarse a la iniciativa, para que esta sea aprobada. Salario mínimo sí. UMA no. Es cuanto, diputada Sauri.