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APRUEBAN EN COMISIONES UNIDAS DICTAMEN CONTRA LA SUBCONTRATACIÓN

13 abril, 2021 - Prensa

·         Se establecen dos modalidades para el reparto de utilidades y penas más severas contra la evasión fiscal

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público aprobaron en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto para acotar la subcontratación en el país, conocida como outsourcing.

En su intervención, la diputada Anita Sánchez Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, comentó que se trata de un logro para las y los trabajadores de México, pues desde 2012 se pretendió regular esta figura y evitar el incumplimiento de las obligaciones patronales, pero en su lugar “se incrementaron prácticas indebidas”.

Sostuvo que se registraron consecuencias dañinas en materia laboral, seguridad social, fiscal y penal; y provocó la proliferación de grupos de empresarios que han incrementado los esquemas de subcontratación simulada.

Explicó que un gran número de empresas, para bajar los costos laborales, pasaron a plantillas enteras de trabajadores a la modalidad de subcontrataciones, lo que causó precisamente la precarización de los empleos.

Señaló que el dictamen establece la obligación de las empresas a inscribirse en el Registro Nacional de Subcontratación, a cargo de la Secretaría del Trabajo, e imposición de multas para las que no respeten los términos y condiciones que exija la presente ley.

“Adicionalmente al prohibirse la subcontratación de personal, y las empresas al registrar a sus trabajadores, los empleadores deberán de repartir utilidades de acuerdo con la Constitución y la ley, para lo cual se establecen dos modalidades: un límite máximo de 90 días de salario del trabajador o el promedio de los últimos 3 años, lo que beneficiaría a 6 millones de hogares”.

Al hacer uso de la voz, el diputado Eleuterio Arrieta Sánchez, sostuvo que la subcontratación es un esquema de abuso laboral, que propicia mecanismos de evasión fiscal, violando con ello diversos ordenamientos jurídicos como la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, la Ley del Seguro Social, entre otros, que “ha permitido el enriquecimiento desproporcionado de diversas empresas que se benefician bajo el cobijo de esta figura”.

Comentó que la omisión con la que son registrados los salarios correspondientes a cada trabajador imposibilita su derecho laboral de acceso a una vivienda digna o a una pensión remunerada y “ya ni qué decir de las condiciones de explotación y trato inhumado a los que son sometidos bajo contratos amañados”.

En ese sentido señaló que estas condiciones fueron ideadas y solapadas por los diversos gobiernos neoliberales que actualmente defienden que el outsourcing no debe cambiar, “pues según ellos son esquemas imprescindibles para el desarrollo económico del país”.

En su intervención, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala, comentó que las reformas planteadas conducirán a que la justicia social a los trabajadores sea una realidad, “tal como lo hemos planteado en este nuevo gobierno”.

Sostuvo que había un menoscabo a los derechos laborales de cerca de 4.6 millones de trabajadores, con ocasionó pérdidas para el Servicio de Administración Tributaria por el orden de los 324 mil millones en 2019 y 21 mil millones de pesos para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por su parte, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río afirmó que las reformas, avalan a la transformación profunda que demanda el pueblo de México, pues “sientan las bases de una real justicia social, de una mayor igualdad en las condiciones de vida de millones de mexicanos”.

Recordó que la subcontratación se estableció en el periodo neoliberal para privilegiar las ganancias de unos cuantos por encima de los derechos laborales de los trabajadores y de los intereses del Estado.

Puntualizó, en contraste, se busca ahora “crear un circulo virtuoso para que los trabajadores ahora sí gocen de la protección en la estabilidad de su empleo, vean aumentadas sus percepciones, su seguridad laboral y se beneficiará a los empresarios honestos que ya no tendrán que competir en situaciones en desventaja”.

Las modificaciones presentadas eliminarán las prácticas que dañan los derechos laborales, al erradicar mecanismos de simulación en perjuicio de las personas, trabajadores y del erario.

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