DIPUTADA MARÍA BERTHA ESPINOZA SEGURA (MBPS). Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 1992 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, declaró su recomendación 19. Que la violencia contra las mujeres por motivos de genero, ese decir, por el hecho de ser mujeres las afecta de forma desproporcionada.

Este tipo de violencia inhibe gravemente la capacidad de las mujeres para disfrutar de sus derechos y de libertades en un plano de igualdad frente a los hombres, tal y como lo establece el artículo 4o constitucional. La violencia de género se da cuando las mujeres son sometidas a agresiones físicas o verbales, o cuando sufren discriminación, acoso u hostigamiento en hogares, escualos, calles o en sus lugares de trabajo.

En especifico, el hostigamiento y el acoso sexual son formas de humillación e intimidación que impiden a un desarrollo profesional pleno y violentan los derechos humanos de quien la padece. Estas pueden ser, tanto en esferas privadas como en la pública. De acuerdo con el informe estadístico de los casos de hostigamiento sexual o acoso sexual registrados en la administración pública federal, realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en 2017, se presentaron 145 denuncias por presuntos casos de hostigamiento o acoso sexual, mientras que en el 2018 hubo 211. Lo que representa un incremento del 45.5 por ciento.

Y es que en las administraciones públicas, donde debe de haber cero tolerancia a la violencia de género también se dan este tipo de hechos. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las obligaciones y sanciones de los servidores públicos ante actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, debemos reconocer que han sido insuficientes los mecanismos administrativos para evitar acciones o expresiones misóginas por su parte.

Es por eso que este dictamen pretende adicionar a dicho ordenamiento que los servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, realicen actos de hostigamiento o acoso sexual. Serán responsables de faltas administrativas graves.

Asimismo, en todas las acciones que lleven a cabo deberá contemplar un enfoque de perspectiva de género, a efecto de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Igualmente, el dictamen plantea que tendrá responsabilidad administrativa, el servidor público que dilate, obstaculice o incida de manera injustificada la implementación de la alerta de violencia de género contra las mujeres.

Un recurso jurídico que obliga a los tres niveles de gobierno a actuar de manera articulada para atender hechos de violencia semintira en una ninguna zona determinad con perspectiva de género y de forma pronta y expedita. Y que, amerita acciones gubernamentales de investigación, procuración y administración de justicia que conduzcan al esclarecimiento de los hechos, a la detención y al proceso de los agresores y el acceso a la justicia de los familiares de la víctima.

Con la aprobación de esta reforma, conseguiremos que las mujeres dejen de ser víctimas de violencia de género por parte de los servidores públicos y que la indiferencia y omisión de estos ante situaciones que las afecten ameriten sanciones administrativas. Los tiempos en que la impunidad era una constante llegaron a su fin. Por lo anterior, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, votaremos a favor. Es cuanto.

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