DIPUTADA ROCÍO NATALÍ BARRERA PUC (RNBP). Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la seguridad social en México es un derecho que ha significado una deuda histórica pata la mayoría de las y los mexicanos. Debido a que durante las administraciones de los gobiernos neoliberales se evadió su cumplimiento de manera garante y efectiva, solo se utilizaban esos derechos de forma facciosa y electorera.
Hoy, junto con la transformación de la vida pública, este derecho se integró a las prioridades sociales porque sin duda alguna su observancia es esencial para lograr la justicia social en México, razón por la cual en 2020 se elevaron a rango constitucional derechos sociales de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, ponderando así el derecho a la seguridad social de manera garantista, progresiva y universal para generar un desarrollo humano en atención a las necesidades de las personas.
Como sabemos, la pandemia causada por el Covid afectó las economías del mundo. México no fue la excepción, sin embargo, los programas sociales para el bienestar, a través de apoyos económicos complementarios y vinculatorios de derechos que facilitan el acceso a bienes y servicios a la población en condiciones de desventaja y vulnerabilidad, atemperaron los efectos causados por la pandemia.
No lo decimos nosotros. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional las transferencias monetarias por conducto de programas sociales evitaron que 2.5 millones de personas de México cayeran en la pobreza con el inicio de la crisis por coronavirus. El aumento del gasto para dicho propósito mitigó el impacto negativo de la pandemia en el empleo, las ventas minoristas y la pobreza laboral.
En este sentido, la propuesta que hoy pongo a su consideración y que atiende nuestra obligación constitucional de armonización legislativa en este caso la Ley General de Desarrollo Social con la reforma constitucional. En atención a que este marco tiene dentro de sus objetivos garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social, así como señalar las obligaciones del gobierno en esta materia.
La reforma propone incluir dentro del Capítulo III, denominado Del Financiamiento y el Gasto, en el artículo 19 como prioritarios y de interés público, los apoyos económicos que garanticen el derecho a la educación, a los programas, apoyos y ajustes razonables para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, así como los programas que favorezcan el bienestar de las personas adultas mayores.
Compañeros y compañeras diputadas, esta adecuación legislativa resulta necesaria, toda vez que este capítulo tal y como lo establece el artículo 18 de este ordenamiento de los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público.
En cualquiera de las visiones de la administración, el Estado debe velar siempre por la construcción de bienes públicos que contemplen derechos sociales y protejan el ejercicio de las libertades básicas como elemento central del quehacer gubernamental.
Sin duda, garantizar estos derechos adquiridos es un paso fundamental para atender la realidad social actual y para la reconstrucción del México que todos anhelamos, con progreso y con justicia social.
Grandes son los retos para el Estado mexicano en su conjunto y como Legislativo es nuestra obligación adecuar el marco jurídico que contribuya a la construcción de la patria justa, igualitaria y fraterna que el pueblo de México merece. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Por su apoyo a esta propuesta, muchas gracias. Es cuanto.
