DIPUTADA TATIANA CLOUTHIER CARRILLO (TCC). Con su venia, señora presidenta.

En los últimos meses el respeto a la separación de poderes ha sido un tema persistente en el debate público. El asunto que hoy presento en este punto de acuerdo podrá servir para mostrar si realmente la oposición sostiene la separación de poderes o simplemente es una retórica.

En Nuevo León el Congreso local ha violado reiteradamente su obligación de respetar y acatar las resoluciones del Poder Judicial, tanto federal como estatal, al negar la ratificación del magistrado Ángel Mario García al Tribunal Superior del Estado. Este asunto es de suma importancia, pues va más allá de una persona o de una institución. La mayoría del Congreso del Estado de Nuevo León ha actuado omisamente al ignorar no solo una, sino en tres ocasiones, las resoluciones de los Tribunales Federales, incluyendo a la Segunda Sala de la Suprema Corte.

Este asunto no es inédito, sino que se remonta a la pasada legislatura, cuando el 29 de noviembre de 2017 la mayoría de los diputados se negó a ratificar al magistrado. En febrero de 2018 un juez de distrito otorgó un amparo al magistrado para su ratificación. La mayoría del Congreso local decidió hacer caso omiso a la resolución y promovió un recurso de revisión. Nuevamente en octubre de 2018 un tribunal federal falló para la reintegración del magistrado. Y otra vez, la mayoría del Congreso estatal, ahora de la nueva legislatura, se negó nuevamente a proceder.

El asunto escaló a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal resolvió que el Congreso de Nuevo León debía dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales que favorecían la ratificación del magistrado. Nuevamente la mayoría legislativa local, integrada por el PAN, por el PRI y por el PT, determinó por tercera ocasión la no ratificación del magistrado, ignorando la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

La mayoría del Congreso de Nuevo León de manera irresponsable ha puesto en riesgo la separación de poderes y la supremacía de la Constitución, al ignorar reiteradamente la resolución del Poder Judicial de la Federación.

PAN y PRI, cuando se han discutido designaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han defendido una Corte sin cuotas y sin cuates. No obstante, parece ser que esto es solo una expresión cuando así les conviene.

La oposición es la mayor exponente de las malas prácticas que dicen denunciar, no imagino otra explicación a esta omisión sistemática, más que el deseo de conservar y repartir cuotas dentro del poder del Tribunal Superior en el estado de Nuevo León.

El punto de acuerdo que hoy presento es pedir de manera respetuosa al Congreso de Nuevo León, a poner fin a la omisión que la ha llevado a enfrentarse con uno de los tres Poderes de la federación.

Este punto de acuerdo es un llamado a las autoridades legislativas de Nuevo León a ser responsables y a acatar lo resuelto por los tribunales federales.

Y el mismo llamado para PAN y para PRI, que han hecho a nivel federal, lo hacemos en Nuevo León, que nuestras instituciones no sean rehenes ni de intereses ni de cuotas partidistas.

Asimismo, solicitar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aplique las sanciones constitucionales y haga separar del cargo a quienes han incumplido en el Congreso local la sentencia de amparo.

El pueblo de Nuevo León merece las instituciones libres e independientes. Es cuanto, señora presidenta.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/5qlvIns0_K4