DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI MONTES DE OCA (MAJMO). Compañeras y compañeros legisladores. El ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, no pueden estar subordinados a la opacidad ni a los caprichos de la corrupción.

El derecho de acceso a la información pública es inherente a todas las personas, posibilitándolas a solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin necesidad de acreditar interés alguno ni justificar su uso.

Este derecho comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información que constituye una herramienta para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, ya que permite a las y los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar los actos de sus representantes, gobernantes y autoridades. Además, garantiza la rendición de cuentas y estimula la transparencia activa.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro de los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información, se encuentra cualquier autoridad del Poder Judicial.

La información pública se refiere a documentos. Es decir, al soporte físico en el que se plasma la información, por ejemplo, los expedientes del Poder Judicial.

Actualmente, la ley establece la obligación de los Poderes Judicial federal y de las entidades federativas, de poner a disposición de las personas las sentencias que sean de interés público en su versión correspondiente.

Si todas las sentencias no se hacen públicas, entonces no es posible conocer las prácticas discriminatorias y estereotipadas de algunos jueces que afectan, sobre todo, a las mujeres. Lo cual, además de restringir el derecho de acceso a la información pública, genera opacidad e impide evaluar la forma en que se imparte justicia en nuestro país.

Por ello, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena estamos a favor del dictamen a discusión, pues con su aprobación todas las sentencias de los Poderes Judicial, federal y de las entidades federativas serán públicas.

Eliminar la ambigua y discrecional limitante que guarda el concepto de interés público constituye un importante avance en el combate a la corrupción, mediante el establecimiento expreso de la publicidad que permite la oportuna rendición de cuentas.

Colocar en la vitrina pública a los Poderes Judiciales permitirá generar indicadores, evaluaciones y análisis que determinen su desempeño. Y así, emprender las acciones necesarias para mejorar, corregir o eliminar las prácticas que lastiman a la ciudadanía e impiden la cabal impartición de la justicia.

La información disponible permite evaluar el cumplimiento de los objetivos institucionales y, en el caso específico del Poder Judicial, las sentencias son el indicador idóneo para medir su funcionamiento de eficacia y eficiencia.

La opacidad y la corrupción no tienen cabida en esta cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. De ahí que refrendamos nuestro voto a favor para dotar de seguridad y certeza jurídica a las y los mexicanos.

Estamos a favor de someter al escrutinio público las acciones de las y los impartidores de justicia, así como todas las sentencias de los Poderes Judiciales de la Federación y de las entidades federativas. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/ZM2RjbtrsdM