DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL JÁUREGUI MONTES DE OCA (MAJMO). Con su permiso, señora presidenta.

Buenos días a todas y todos, compañeras y compañeros diputados. Quiero agradecer, en primer lugar, a todas y todos los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta LXIV Legislatura, por su compromiso y dedicación para la aprobación de este dictamen, mismo que fue votado por unanimidad en la quinta sesión de la comisión el pasado 21 de mayo de 2019.

Quiero comentar primero que la corrupción siempre implica abuso de poder en beneficio de unos cuantos y, dependiendo de la cantidad de fondos utilizados de manera ilegítima y del sector en el que se produzcan, puede ser clasificada como corrupción a gran escala, actores menores o corrupción política.

Es un problema que enfrentan todos los países en mayor o menor medida y representa la disminución de las libertades civiles y políticas de la ciudadanía que lo padece. Durante décadas la corrupción en nuestro país fue un lastre que ocasionó enormes costos económicos, políticos y sociales, los cuales han mermado el crecimiento y el desarrollo nacional.

De igual forma, ha sido responsable del debilitamiento del Estado de derecho y del bienestar social y ha quebrantado la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones.

A raíz de lo anterior, se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y hechos de corrupción en nuestro país.

Está conformado por un Comité Coordinador, cuyos integrantes son responsables de establecer mecanismos, bases y principios con los sistemas locales anticorrupción, así como de prestar cooperación internacional para el combate a la corrupción.

El objetivo esencial es una armonización, una homologación en cuanto a la denominación del cargo del titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de que se refiera ahora como secretario ejecutivo y no como secretario técnico, como actualmente dice la ley.

En la propia exposición de motivos de la iniciativa se hace referencia a diversos ejemplos, como el de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes. También a la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

En ellos queda claro de manera explícita que estos entes públicos no solo realizan funciones técnicas sobre la especialidad de cada una de sus materias, sino que van más allá y su responsabilidad es integral, ya que tiene que ver con los ámbitos administrativos, de planeación, de programación, de presupuestación, de coordinación, de análisis, de vinculación, de manejo de recursos humanos, financieros, técnicos y materiales.

Diputadas y diputados, es de suma importancia que con estas modificaciones se podrá visibilizar aún más y de manera más clara el ejercicio cotidiano del ahora secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción y, en consecuencia, tendrá sus respectivas modificaciones en las leyes estatales de cada una de las entidades federativas, mismas que tendrán que armonizar sus leyes, reglamentos, lineamientos y los documentos relacionados con la presente modificación.

Los invito a votar a favor del presente dictamen, que tiene el objetivo de fortalecer y robustecer el Sistema Nacional Anticorrupción, al realizar el cambio de secretario técnico a secretario ejecutivo.

Con esta posible aprobación se reconoce de manera plena las atribuciones que la ley les otorga, pero, sobre todo, se visibiliza la labor del secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/iiWax7qM9ak