·         Diputadas federales de Morena por Jalisco piden intervención de la SCHP, la ASF y la ASEJ.

·         El proceso trastoca las Leyes de Disciplina Financiera local y federal.

·         9,720 millones de pesos en riesgo de manejo discrecional.

Las diputadas federales Laura Imelda Pérez Segura, Lorena del Socorro Jiménez Andrade y Katia Castillo Lozano integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución, con el fin de detener el proceso de endeudamiento que hipotecará el futuro de Jalisco.

Solicitan que antes de registrar la nueva deuda por 6,200 millones de pesos, la Secretaría de Hacienda verifique exhaustivamente que la solicitud cumpla con todos y cada uno de los requisitos que estipula el Reglamento del Registro Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

Así mismo, exhortan a las Auditorías Superiores tanto de la Federación como del estado de Jalisco, a llevar a cabo una estricta fiscalización financiera y de gestión, de los recursos públicos erogados por el gobierno estatal tanto regulares como emanados de empréstitos para atender los efectos de la pandemia del SARS-Cov2 causante de la enfermedad COVID-19.

De igual manera, solicitan al gobernador reconsiderar el endeudamiento, toda vez que adquirir pasivos sin objetivos y destinos claros no es una medida óptima; por lo tanto, también se le insta a elaborar un Plan de Disciplina Financiera y Fiscal que le permita cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios de coordinación con la Federación, además de privilegiar la transparencia para evitar la simulación y los actos de corrupción.

La deuda fue solicitada bajo el argumento de una disminución del presupuesto del estado por 5,800 millones de pesos, 820 millones de ellos provenientes de bolsas federales, por lo que las diputadas aclararon que “el Gobierno de México no prevé ningún recorte a las participaciones de los estados, la baja que se argumenta obedece a que Jalisco contempla incumplir sus compromisos por convenios de colaboración recaudatoria”.

“Resulta muy preocupante que el gobernador prefiera recurrir a una deuda plagada de dudas -que compromete el futuro de Jalisco-, y que también acuda al engaño intentando hacer creer que el gobierno federal recorta recursos al estado por capricho”, destacan las legisladoras.

Las diputadas federales calificaron como poco ético todo el proceso del nuevo endeudamiento aprobado por el Congreso de Jalisco el reciente 22 de mayo, ya que estuvo inmerso en irregularidades.

La solicitud de deuda fue enviada y aprobada sin que mediara una discusión ni seria ni responsable, lo que trastoca los principios básicos estipulados en la fracción III del artículo 24 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que establece la obligación de especificar el destino de los recursos; al igual que la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco que incluso exige que los empréstitos se destinen a inversión pública productiva siempre y cuando estén alineados a los planes de desarrollo vigentes.

Mientras las partidas destinadas a la producción y publicidad gubernamental no sufrieron recortes significativos para sumar 210 millones de pesos, áreas estratégicas como el organismo operador del agua, la Comisión Estatal del Agua, líquido vital para afrontar una pandemia, y los poderes que forman parte de la estructura democrática que hacen contrapesos en el estado, sí sufrieron disminución de sus presupuestos.

Así mismo, el gobernador de Jalisco ha utilizado de manera perversa a la emergencia sanitaria para contar con recursos a libre disposición con puerta abierta a la discrecionalidad. Dejando de lado el diseño presupuestal previsto en el Presupuesto de Egresos 2020, realizó cambios para moldear el gasto público a su conveniencia:

a)  Ajuste a la baja en la Ley de Ingresos por 2,080 millones de pesos, para pasar de 123,013.2 millones a 120,933.2 millones de pesos. Reducción equivalente a 1.7% de los ingresos originalmente proyectados para el ejercicio fiscal.

b)  Recortes al Presupuesto de Egresos por un total de 3,600 millones de pesos, principalmente en obra pública, donde se disminuyen 2,919 millones que en su mayoría se aplicarían en los municipios en las regiones del estado, con el argumento de que se “repondrán” a través de los recursos de la nueva deuda.

c)  Creación de una macro partida llamada “Ayuda para Erogaciones Imprevistas - Pandemia COVID-19” por 3,520 millones de pesos a repartirse entre diversas secretarías y órganos de gobierno, sin que se conozcan criterios claros de asignación.

De esta manera, entre la macro partida COVID y la nueva deuda, el Ejecutivo Estatal contaría con 9,720 millones de pesos para un manejo que puede prestarse a la discrecionalidad.

Hasta el momento, la información necesaria y precisa del destino de los recursos tanto de reasignación como de la nueva deuda, sigue en la opacidad; el decreto publicado el pasado 23 de mayo en el periódico oficial El Estado de Jalisco, carece de cálculos claros, y en lo poco que muestra, tiene inconsistencias en operaciones básicas de sumatoria.

Las legisladoras del Grupo Parlamentario de Morena resaltaron que, “el endeudamiento de Jalisco es todavía reversible, porque por un lado el resultado de la licitación del crédito está previsto para el primero de julio del presente año”.

“Por otro lado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos en las Entidades Federativas que cuenta con poco más de 60 mil millones de pesos, lo que dejaría sin argumentos la solicitud de deuda del gobierno estatal y violaría el artículo 5to, fracción IV, de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco que establece que ésta “sólo debe contratarse en caso de una situación de excepción y cuando ya no existan fuentes de recursos o programas estatales o federales accesibles”.

De acuerdo con el registro oficial de la Deuda Pública del Estado de Jalisco, la deuda total, más el nuevo empréstito aún no registrado, alcanzaría los 32 mil 687 millones de pesos.

En sólo un año y medio, Enrique Alfaro ha contratado 3.17 veces más deuda que su antecesor Aristóteles Sandoval en 6 años, en créditos de corto y largo plazo.

De continuar por este camino, las y los jaliscienses terminarán pagando al final del plazo de 20 años de la nueva deuda, un total de 12,700 millones de pesos debido a que el costo financiero del empréstito alcanza los 6,500 millones.

El monto total es equivalente a 1.27 veces la misma deuda que en términos de hoy representarían 2.4 veces el presupuesto total para salud, 5.8 veces el de educación o 444.5 veces el destinado al tratamiento de personas con cáncer en el estado de Jalisco.

La deuda total del estado incluyendo los municipios y organismos públicos descentralizados, y contando el nuevo endeudamiento aprobado por el Congreso Local, llegaría a poco más de 46 mil millones de pesos.