Dos colaboraciones anteriores le comentaba a usted el estudio que presentó la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), en relación con México, en el cual alertaba sobre el “poder criminal híbrido” y las políticas públicas que sugiere aplicar para superar esta situación crítica.
Antes de reproducir las conclusiones y previsiones de este informe, es importante recordar lo mínimo requerido para proceder a una política pública de gran calado. Lo primero es que sea una política de Estado, es decir, que llegue con el mayor consenso posible dentro del Poder Legislativo, con la coordinación estrecha del Poder Judicial, y con la concentración de esfuerzos y recursos de parte del Poder Ejecutivo, además de la concurrencia de esfuerzos internacionales, y del mayor acuerdo y participación de la sociedad nacional, como ocurre en el caso del desafío que representa el poder criminal.
Parte importante de la estrategia que recomienda la ONU es la separación del poder criminal de los poderes político y económico, y hacia ese objetivo dirige sus recomendaciones.
México aparece, a partir del marco UNODC, como un país donde confluyen cinco dimensiones:
Primera: país estratégico para mercados de drogas, especialmente por su posición frente a Estados Unidos.
Segunda: transición del narcotráfico clásico hacia drogas sintéticas, laboratorios, precursores y cadenas logísticas compactas.
Tercera: consolidación de gobernanza criminal territorial en algunas zonas.
Cuarta: diversificación de economías criminales: extorsión, trata, armas, migrantes, tala, minería, comercio, lavado y control de mercados.
Quinta: afectación grave a derechos humanos, democracia local, prensa, comunidades, mujeres, jóvenes y víctimas.
¿Qué recomendaciones de política pública formula la UNODC a partir de su diagnóstico?
La UNODC insiste en que los sistemas de justicia penal por sí solos no pueden desmantelar la delincuencia organizada; se requieren respuestas que atiendan también las condiciones económicas y sociales que permiten su expansión.
Para México, eso implica:
- fortalecer inteligencia financiera;
- perseguir redes patrimoniales, no sólo líderes visibles;
- proteger comunidades, periodistas, buscadoras y autoridades locales;
- combatir corrupción policial, ministerial, judicial y aduanera;
- controlar precursores químicos;
- intervenir economías regionales capturadas;
- atacar extorsión como delito estructural;
- fortalecer cooperación internacional;
- incorporar enfoque de derechos humanos y género;
- y reconstruir presencia estatal en territorios bajo control criminal.
De estos 10 puntos, prácticamente todos se han estado aplicando en diversos grados por los gobiernos de la 4T, tanto por el actual, de la presidenta Claudia Sheinbaum, como por el anterior, del presidente AMLO. Sin embargo, aún falta mucho por hacer.
Entre los factores que es necesario apuntar es que los actores políticos deben tener altura de miras para ver y comprometerse más allá de sus intereses electorales inmediatos, así como asumir una política de Estado en materia de seguridad ciudadana y combate al crimen organizado que tenga como meta la paz y la seguridad de la próxima generación, y no la de ganarle la próxima elección a quien se encuentre en el poder.
Visión de Estado, no de partido, se requiere frente al poder criminal híbrido, y en este sentido, la 4T está avanzando firmemente.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
X: @RicardoMonrealA
