DIPUTADA LIDIA PÉREZ BARCENAS (LPB). Bienvenido, maestro Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Señoras legisladoras y legisladores.

El Presidente de la República ha expresado en distintos momentos en una frase lapidaria cuál es su plan de gobierno: acabar con la corrupción y la impunidad.

Transformar al país, moralizar la vida pública, evitar el estancamiento y la decadencia dependían en primer lugar de enfrentar el grave problema de la corrupción y de contraponer la virtud de la honestidad. Ese fue su propósito al asumir el cargo.

El aparato del gobierno del periodo neoliberal estaba dedicado a reproducir el sistema de complicidades en que se finca la corrupción y la impunidad. Ni siquiera con la primera alternancia fue desmontado este sistema que produjo grandes negocios al amparo del poder público.

Como lo ha sostenido Morena, la corrupción tiene un impacto directo en el desarrollo del país, en la calidad de su democracia y en el bienestar colectivo. Afecta el ejercicio de los derechos humanos y específicamente el derecho al acceso a la impartición, pronta, completa e imparcial de la justicia.

La corrupción alienta la impunidad y la comisión de los delitos en la esfera gubernamental y en las actividades privadas. Hace inalcanzable el estado de derecho.

En esta tarea, la Secretaría de la Función Pública ocupa un lugar central. Por ello, consideramos adecuado que, en el informe, el Ejecutivo identifique como objetivos torales de su gobierno erradicar la corrupción y la impunidad, mejorar el servicio público y recuperar el estado de derecho.

Una lectura cuidadosa del Tercer Informe de Gobierno arroja resultados que es preciso destacar.

En materia de fiscalización, las acciones realizadas han permitido identificar irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos como en el Tren Interurbano México-Toluca en los que se derivaron observaciones correctivas y recomendaciones preventivas con un monto por aclarar o recuperar de 2 mil 222 millones de pesos.

Para combatir los niveles de impunidad en el ámbito administrativo federal, se iniciaron procedimientos sancionatorios derivados de conductas como el incumplimiento a leyes y reglamentos o por el abuso de funciones.

Asimismo, observamos el impulso a la participación ciudadana en la vigilancia y combate a la corrupción con el sistema de ciudadanos alertadores y externos de la corrupción.

Una parte relevante del informe está dedicada a la puesta en marcha de un sistema de contrataciones públicas, del que se destaca el establecimiento y operación de un modelo de compras consolidadas.

Apreciamos que la Secretaría a su cargo ha buscado ser garante de los principios constitucionales de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en la administración de los recursos públicos.

Ello, se ve reflejado en los reportes de organismos internacionales que se dedican a dar seguimiento al avance de la lucha en contra de la corrupción

En nuestra región geográfica, por ejemplo, el Latinobarómetro reconoce en su informe 2021 que México ha reducido el índice de percepción de incremento de la corrupción con referencia al 2018.

Un dato similar de la reducción de la percepción de la corrupción refleja el Informe de Transparencia Internacional del 2020, ahí están las evidencias de observadores externos.

Éste es el resultado de la determinación del actual gobierno de aplicar el régimen de responsabilidades a servidores públicos y ex servidores de dependencias como la Comisión Reguladora de Energía, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores o del Sistema Eléctrico del Peaje, solo por citar casos emblemáticos, quienes han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública.

Morena va a contribuir con el Ejecutivo desde el Poder Legislativo a erradicar la corrupción y la impunidad, así como a mejorar el funcionamiento de la administración pública en beneficio del pueblo.

Ése es el camino que creemos, por eso es necesario revisar la ley en la materia de responsabilidad para optimizar sus procedimientos. También la ley de adquisiciones para ajustarla a las mejores prácticas gubernamentales.

Señoras y señores, ningún gobierno se propuso un desafío tan grande como erradicar la corrupción y la impunidad en nuestro país. Al hacerlo, la administración del Presidente de la República ha tocado grandes intereses. Esos intereses están claramente identificados con un régimen que se niega a morir.

Separar el poder político del poder económico no ha sido fácil. Cuenta usted, señor secretario con todo nuestro apoyo decidido en esta lucha. El Grupo Parlamentario de Morena tiene la firme determinación de instaurar una nueva ética en el servicio público, de poner el poder al servicio de la gente, ese fue el mandato que el pueblo nos dio.

Acabemos con la corrupción y la impunidad. Es cuanto.

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