LXIV LEGISLATURA

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Posicionamiento de la diputada Lorena VIllavicencio en torno al dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por el que se reforman y derogan diversas disposiciones en materia de fideicomisos públicos

5 octubre, 2020 - Prensa

1.- ELEMENTOS QUE SUSTENTAN MI VOTO EN CONTRA

En virtud que no podré presentar una posición en lo general sobre el dictamen en comento, fijo mi postura a través de este conducto a los medios de comunicación.

Mi voto es en contra, aun cuando sé que la pandemia del COVID-19 nos coloca en dificultades para contar con recursos suficientes, pero estos no deben obtenerse de fideicomisos importantes para el desarrollo educativo; científico y tecnológico; cultural (FIDECINE), así como para garantizar la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, y menos para prevenir y mitigar desastres naturales o en materia de salud.

Porque me parece que no todos los fideicomisos públicos implican gastos innecesarios, ni se ha acreditado que sus recursos fueron utilizados de forma discrecional o que no han cumplido con sus propósitos. Me refiero desde luego a los que se constituyen a partir de una ley o promueven actividades sustantivas.

No comparto que se haya ampliado el número de fideicomisos de 44 a 109, y caracterizarlos como instrumentos opacos, cuando fueron concebidos para auxiliar al gobierno en la administración de fondos públicos bajo principios de legalidad, eficiencia, economía, trasparencia y honradez, así como impulsar áreas de desarrollo estratégicas y prioritarias para el país.

Me parece que sólo deben desaparecer los que no cumplen con sus objetivos o aquellos donde esté plenamente acreditada la desviación de recursos, ante lo cual se debe proceder a la denuncia ante la autoridad competente.

Los recursos que originan un fideicomiso pueden provenir del presupuesto público, pero hay diversos tipos, como los mixtos que reciben aportaciones de particulares, auto generados o recursos de instituciones internacionales. Todos ellos están obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y de la propia Constitución, que en su artículo 6 establece que toda la información en posesión de fideicomisos y fondos públicos debe ser pública.

Las normas vigentes no sólo obligan a transparentar toda la información sobre el uso de esos fondos, sino las someten a la fiscalización aplicable a los recursos públicos federales. Al eliminarlos, desaparecería también la información pormenorizada sobre su contenido, mientras que los procesos de fiscalización quedarían subsumidos en la revisión genérica de los ramos a los que eventualmente se trasladen.

La eliminación de esos fideicomisos no favorece por sí misma, a la rendición de cuentas. A diferencia de los recursos fiscales, la existencia de estos instrumentos permite saber si efectivamente cumplen con el mandato para el que fueron creados. Y de otro lado, los comités técnicos que gestionan sus fondos están basados en decisiones colegiadas que, por su propia naturaleza, vinculan el uso de esos dineros con los resultados que se exigen de ellos. De hecho, no existe ningún otro instrumento capaz de relacionar con la misma fuerza jurídica el uso de los recursos con la obligación de rendir cuentas.

Eliminar los fideicomisos no incrementa la capacidad financiera del Estado mexicano. Al extinguirlos no sólo podrían generarse costos inciertos por el incumplimiento de las obligaciones legales contraídas con los organismos que han aportado recursos para proyectos específicos, sino que también se cancelaría la posibilidad de seguir promoviendo esas aportaciones en el futuro. El dinero de los fideicomisos no solo proviene del erario, de modo que al cancelarlos, el gobierno mexicano clausuraría una fuente adicional de financiamiento para cumplir con sus cometidos.

2.- FONDOS CONTENIDOS EN LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Los fideicomisos son un instrumento central para la operación de los centros públicos de investigación y, en general, para la comunidad científica en México. Como se explica en el dictamen, “El objeto de los fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico es principalmente el otorgamiento de becas y financiar o complementar financiamiento de proyectos específicos de investigación.” En el parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados, se explicó que estos fondos permiten complementar y potencializar los recursos presupuestales que se reciben, gestionar con eficiencia y transparencia recursos que generan financiamiento para líneas de investigación, impulsar proyectos innovadores, becas y apoyos complementarios. La principal actividad que se apoya con el fideicomiso es la vinculación y han permitido la administración de proyectos de investigación teórica y aplicado de carácter multianual.

Estos centros públicos, por mandato de ley, deben vincularse con los sectores público, privado y social, y requieren del fideicomiso para recibir esos recursos (adicionales al presupuesto federal que reciben), para gestionarlos y para tener una perspectiva multianual.

Así, la decisión de extinguir los fideicomisos desaparecería el instrumento que permite la vinculación y el financiamiento de la actividad científica, el apoyo de estudiantes y los proyectos investigación aplicada.

El proyecto busca garantizar la transparencia y combatir la opacidad en el ejercicio de los recursos y caracteriza a los fideicomisos como opacos y discrecionales, pero, luego de eso, los fidecomisos son trasparentes y están sujetos a rendición de cuentas por múltiples vías. En efecto, en su situación actual, los fideicomisos de los centros públicos de investigación no son opacos, pues no están protegidos por el secreto fiduciario. Deben de cumplir todas las disciplinas de transparencia y acceso a la información. Estos fideicomisos, además, son auditados por la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Y, para su operación regular, son administrados por Comités Técnicos en los que participan servidores públicos sujetos a responsabilidad por eventuales manejos ilegales. Si el problema fuera la opacidad y la discrecionalidad, la solución sería dar mayor transparencia y eliminar la discrecionalidad, no la desaparición de los fideicomisos ni la transferencia de sus recursos a la Secretaría de Hacienda.

Los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación no le cuestan al Estado mexicano, sino que se nutren de recursos autogenerados o donaciones de terceros, por ejemplo, academias o institutos de investigación (de México o el extranjero) que financian proyectos de investigación, empresas o fundaciones que buscan generar investigación sobre temas específicos, u organismos públicos que buscan investigación aplicada para entender y resolver problemas públicos. Son recursos que obtienen los investigadores de los Centros Públicos de Investigación para financiar proyectos de investigación o para apoyar la formación de jóvenes en sus programas docentes o como becarios. En otras palabras, no le cuestan al erario, sino que lo complementan pues no reciben transferencias del Presupuesto Federal.

Los recursos que el Estado mexicano destina para la ciencia no se acercan al objetivo de la ley de 1% del PIB. Los presupuestos para los Centros Públicos de Investigación han tenido reducciones en sus presupuestos anuales y recortes y restricciones en su ejercicio. Los fideicomisos les dotan de cierta capacidad de compensar los recortes, sin costarle al presupuesto federal.

Al desaparecer, la presión presupuestal será mayor, pues solo se contará con los recursos asignados por la Cámara de Diputados para operar, sin la posibilidad de complementarlos con otras fuentes. Además, la asignación de recursos presupuestales directos no es un mecanismo idóneo para financiar proyectos de investigación, becas o creación de infraestructura científica de largo plazo.

Contrario a lo afirmado en el dictamen, esta decisión sí tendría un impacto presupuestario, pues si bien habría una transferencia este año de los Centros Públicos de Investigación a la Hacienda Pública, en años subsecuentes será necesario compensar los recursos que los centros no podrán generar por sí mismos, financiar los proyectos de investigación y pagar las becas que hoy se obtienen de los fideicomisos.
El monto de recursos que se recuperaría es relativamente muy poco significativo: 785 mdp. Centros Públicos. En cambio, el daño económico, científico y político es incuantificable.

Extinguir los fideicomisos del sector ciencia y tecnología tendría un efecto inmediato y de largo plazo en la capacidad del Estado mexicano de contar con una política científica que fortalezca la soberanía y el bienestar de la sociedad. No son los científicos quieren perderían, sino la población beneficiada por la actividad científica, los gobiernos con menos evidencia para la toma de decisiones, los estudiantes sin becas, las industrias sin desarrollos tecnológicos. Sería un contrasentido afectar la actividad científica justo cuando se ha reconocido en la constitución mexicana el derecho de las y los ciudadanos al conocimiento científico.

 

3.- FONDOS CONTENIDOS EN LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, recoge los compromisos, obligaciones, resoluciones y recomendaciones de organismos internacionales en materia de libertad de expresión, así como en la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Esta Ley crea el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para que el Estado atienda su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos.

El fideicomiso público de administración y pago “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, se constituyó con el propósito de destinar recursos económicos exclusivamente para la implementación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección dictadas por el Mecanismo para la Protección, y demás actos, que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Para el caso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el dictamen propone que el fondo sea administrado por la Secretaría de Gobernación y para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, propone que las medidas de reparación sean costeadas por las Comisiones de Atención a Víctimas Estatales.

Ambas modificaciones aparentemente sólo implican un cambio en la institución que administra y provee el recurso económico. Sin embargo, este cambio sí tiene impactos negativos para lograr los objetivos para los cuales fueron creados el fideicomiso y el fondo por las siguientes razones:

• El dictamen no contempla una medida que garantice que los montos económicos que actualmente se utilizan para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la reparación del daño de víctimas, se sigan proveyendo, por lo que su asignación quedará a discrecionalidad del Ejecutivo.

• El dictamen no señala el destino del dinero recaudado derivado de los fideicomisos eliminados. Si bien señala que se destinará a atender la emergencia sanitaria, no es claro en cuanto a qué instituciones se destinará, cuánto dinero se destinará a cada una, y para qué será utilizado.

Cada año aumenta el número de personas beneficiarias del Mecanismo, quienes han sido amenazadas o atacadas en respuesta al ejercicio de su labor de defensa de derechos humanos y libertad de expresión, pasando de 48 a 1,206 beneficiarias en 2020.

En ese sentido, la existencia del fideicomiso que administra el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que cabe decir es transparente y fiscalizable, garantiza la disponibilidad de presupuesto para que se implementen de manera ágil y oportuna las medidas de protección y, con ello, salvar vidas humanas, de colectivos y comunidades completas. Además, al ser gestionado por una instancia bancaria, genera rendimientos financieros. Entre 2012 y 2019, el fondo ha obtenido rendimientos por 61.5 millones de pesos, un promedio de 8.8 millones anuales.

En cuanto al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de 2018 a 2019 se observa un incremento de gastos para la atención a víctimas. Así, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, se ejercieron recursos por 976.0 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, cifra superior en 50.6% en términos reales, respecto a lo observado en el mismo periodo de 2018, en favor de 3,885 víctimas de delitos del orden federal y víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales.

La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no hubiere un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, también que no haya suficiencia de recursos para atender tal fin.

3.- FONDOS CONTENIDOS EN LA LEY FEDERAL DE CINEMATOGRAFÍA

De acuerdo a nuestra Constitución, la cultura es un derecho que debe ser garantizado por el Estado en su acceso y ejercicio para todas y todos los mexicanos. Asimismo, el cine representa un espejo que nos refleja como individuos y como sociedad; y es también una ventana para ver el mundo.

El papel del cine se torna fundamental en la salvaguarda de la identidad y la soberanía cultural del país; en la preservación de nuestra memoria histórica, para el presente y para las generaciones por venir.

Asimismo, cabe resaltar que la influencia del cine en la sociedad puede contribuir significativamente a erradicar la corrupción, la desigualdad y el individualismo, para transformar a México en un país más igualitario, libre y democrático.

En este sentido, no hay que perder de vista que el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (FIDECINE), tiene como objetivo fundamental el fomento y la promoción permanente de la industria cinematográfica nacional que permita brindar un sistema de apoyos financieros, en beneficio de productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.

Que se trata de un fideicomiso federal para la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción y/o animación mediante la inversión de capital de riesgo y/o el otorgamiento de créditos.

Que las personas físicas y morales pueden acceder al fondo a través de Convocatoria Públicas a nivel nacional, ya que como fondo de carácter industrial, busca estimular la participación de los sectores público, social y privado, a través de la reactivación integral de la industria cinematográfica nacional.

Y sobre todo, que el FIDECINE funciona, y el porcentaje de películas que trascienden y el número de películas que se producen es enorme.

Comparado con otros países, la proporción de películas que trascienden es menor que lo que se realiza en México. Desde el 2 de abril se ha trabajado en el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para establecer el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (FOPROCINE) e integrarlo al FIDECINE y así fortalecerlo, ya que en 2019 se registró una cifra récord de películas producidas en IMCINE.

Estos son los fondos que han contribuido al desarrollo cinematográfico, y es así que la mitad de las películas se producen gracias a apoyos públicos y a los diferentes fideicomisos.

Los Fondos son invaluables e insustituibles para la industria. Se estima que esta industria genera 30 mil empleos al año (cifra similar a la que representa la industria básica del hierro y del acero), de los cuales, alrededor de 10 mil corresponden a puestos contratados a otras empresas, por ello se dice que la industria del cine genera altos índices multiplicadores en otros sectores, lo que representa un importante impulso a la economía nacional.

Por lo anterior expuesto, resulta inadmisible la incertidumbre a la que se condena a la producción cinematográfica nacional, a causa de la desaparición de los fondos que garantizan su existencia.

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TWEETS por @DiputadosMorena

Tus Diputados Morena
@DiputadosMorena
14 h

#MorenaInforma Nuestro coordinador @mario_delgado1 informó que mañana se someterá a votación la integración de la Sección Instructora, la cual realizará la revisión y posible proceso de desafuero del diputado Cipriano Charrez

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