Con todo orgullo y convicción emití mi voto a favor de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, puesto que pone freno al continuo proceso neoliberal de privatización de las energías en este país y establece mecanismos para luchar contra la corrupción en el sector. Se revierte así los efectos más perniciosos de la reforma eléctrica neoliberal llevada a cabo en las últimas décadas.

En efecto, gracias a la aprobación de esta histórica iniciativa, se fortalecerá el Sistema Eléctrico Nacional, mediante el reordenamiento de las fuentes de generación de energía eléctrica, priorizando el interés público para su acceso y distribución, y fortaleciendo de esta manera la soberanía y seguridad energética nacional. Con esto, se fortalece el principio constitucional de exclusividad y rectoría del Estado sobre las áreas estratégicas de planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, principio que fue abandonado por las pasadas administraciones.

La reforma aprobada permitirá que la CFE explote al máximo las economías de escala en la generación de electricidad: mientras más se produzca, más bajo será el costo unitario (el costo medio) de un kilowatt/hora. De este modo, la CFE podrá proveer electricidad barata, confiable y no intermitente.

Por lo anterior, en condiciones menos costosas, se garantizará un mejor servicio a mediano plazo, mediante el fortalecimiento de las energías eléctricas limpias, y, por ende, al alcance de más personas y sin la necesidad de aumentos en las tarifas.

Además, el despacho prioritario de las centrales de la CFE ante las empresas privadas, permitirá que se garantice un suministro eléctrico continuo, que la empresa productiva del Estado no cargue con el llamado costo de respaldo, esto es, una instalación extra que funciona si falla la producción de una empresa, ni con el costo de la red de transmisión y distribución de la energía eléctrica, al que siempre está obligada la CFE.

Con lo anterior se suscita que las empresas privadas alcancen la rentabilidad necesaria a que obliga la legislación para los proyectos tanto de la propia CFE como del gobierno federal.

De esta manera se regulará la participación de los productores privados en los mercados mayoristas y minoristas, así como en el autoabasto, lo cual terminará con la simulación de precios que favorece a los generadores particulares de energía en detrimento de la CFE y del consumidor de energía final.

Es falso que con la iniciativa presidencial aprobada se atente contra la libre competencia en el mercado eléctrico. La libre competencia se mantendrá, lo que no venía sucediendo bajo la actual reglamentación, pero ahora existirá con piso parejo para todos, con la intención de
 mantener y fomentar las inversiones públicas y privadas que se requieren en dicho sector en condiciones equitativas para todas las empresas. Lo que se busca alcanzar es un equilibrio que garantice un buen servicio para las familias mexicanas, la Seguridad Energética en el país y un correcto desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional.

Los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena estamos comprometidos con el rescate del sector energético del país. Esta reforma es un ejemplo más de las acciones que está llevando a cabo la actual administración en ese sentido, como lo es la rehabilitación de las hidroeléctricas en desuso de CFE; la construcción de diversos proyectos a base de gas natural; o el reciente anuncio de un plan de modernización de las plantas hidroeléctricas del país, con el fin de contar con recursos limpios, de bajo costo, y poder abastecer a toda la población.

La aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados es histórica porque se detiene el plan transexenal que se viene aplicando desde el gobierno de Salinas de Gortari de restarle materia de trabajo, posibilidades de competencia y productividad a la Comisión Federal de Electricidad. Se le había negado a esta empresa estatal el acceso a los certificados de energía limpia, se reducía su capacidad financiera con la alta carga fiscal que soporta mientras que las nuevas inversiones privadas contaban con privilegios que no tenían en sus países de origen y, como se establecía en la legislación modificada, era la última en ser considerada en el suministro del sistema eléctrico nacional.

No cabe duda de que ahora sí se le quitarán a la CFE todas las ataduras que no le permitían sobrevivir en un esquema de competencia desleal y desarrollar todas sus potencialidades para beneficio de todas y todos los mexicanos, convirtiéndose así, realmente, en una empresa de clase mundial.