Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de agosto de 2025.—En el Día de la Persona Trabajadora Social, la diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante de la Comisión de Educación, anunció una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación para incorporar de manera clara y operativa a profesionales de trabajo social en todas las escuelas del país.
Acompañada por profesoras, estudiantes y representantes de más de cien universidades integradas en la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, la legisladora subrayó que la propuesta responde a “una crisis silenciosa” de violencia, acoso y abandono educativo: tan solo en 2022, 3.3 millones de adolescentes fueron víctimas de acoso escolar y la violencia sexual en los planteles se ha disparado mil por ciento en la última década.
Carmen Guadalupe Casas Ratia, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y presidenta de la Red Nacional, recordó que el artículo 80 de la ley ya reconoce la figura del trabajo social, pero sin implementación efectiva, y aseguró que México puede liderar la atención integral desde las aulas si se clarifican funciones y se garantiza presencia profesional en cada plantel.
La maestra Mayra Castro relató que el seguimiento individual al alumnado es casi imposible sin especialistas que complementen la labor docente y aborden la raíz de los conflictos desde lo comunitario. Por su parte, María del Rosario Sánchez Zataráin, vicepresidenta de la FENACOTSMEX, exigió actualizar la clave presupuestal que la Secretaría de Hacienda asigna al gremio, pues hoy se les clasifica como personal técnico-administrativo a pesar de su formación de licenciatura y posgrado.
Zúñiga adelantó que la iniciativa se presentará en los próximos días ante la Comisión Permanente y que este mismo día se instaló la primera mesa de trabajo con la Comisión de Educación; además, anunció una jornada nacional de conmemoración el 21 de agosto, con el encendido de fachadas escolares en el color representativo del trabajo social. Convocó a todas las bancadas y a la SEP a respaldar la propuesta, porque “profesionalizar la atención social dentro de las aulas es el primer paso para garantizar espacios libres de violencia y construir una sociedad más justa y equitativa”.
