Hay decisiones que marcan un antes y un después, y el decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum para reestructurar el sistema de salud en México es una de ellas. Se trata del cimiento de un nuevo modelo que busca hacer realidad algo que durante décadas fue una promesa incumplida: que la salud sea un derecho efectivo para todas y todos.
Durante el periodo neoliberal, el sistema de salud se fragmentó, se debilitó y, en muchos casos, se abandonó a su suerte. La consecuencia fue clara: millones de mexicanas y mexicanos quedaron atrapados entre la burocracia y la imposibilidad de atenderse a tiempo.
Con dicho decreto se dará luz verde a un proceso gradual que tiene un horizonte claro: lograr la universalidad. Esto significa que toda persona podrá ser atendida en cualquier institución pública de salud, sin importar si está afiliada al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar. Es, en esencia, derribar los muros que durante años separaron a las y los pacientes de la atención que requieren.
El primer paso será la credencialización, comenzando con las personas mayores de 85 años, mediante un proceso ordenado para que cada una cuente con una identificación que le permita recibir atención en cualquier punto del sistema. Es el punto de partida para que la universalización se convierta, para beneficio de la mayoría, en práctica cotidiana.
Este esfuerzo no surge de la improvisación, se ha trabajado durante meses en la planeación de cada fase, desde la integración de padrones hasta la homologación de servicios. La meta es clara: que en 2028 exista una plena coordinación entre instituciones, con recetas que puedan surtirse en cualquier farmacia del sistema y con acceso a servicios de alta especialidad sin distinciones.
Pero la universalidad no camina sola, va de la mano con el fortalecimiento del abasto de medicamentos, una justa demanda de la gente, y con programas que dignifican la atención, como Salud Casa por Casa, enfocado en llevar servicios médicos a personas adultas mayores hasta la puerta de su hogar.
Esa combinación —infraestructura, medicamentos y cercanía— permite hablar de justicia social. Porque de eso se trata, de justicia, de corregir desigualdades que por años se normalizaron. Se trata de entender que enfermarse no puede ser una condena económica ni un privilegio reservado para unos cuantos. La salud, como derecho humano, debe ejercerse sin obstáculos, sin discriminación y sin condiciones.
Estamos frente a un cambio de paradigma. No será inmediato ni estará exento de retos, pero es, sin duda, el camino correcto. La universalidad del sistema de salud no solo atiende personas, también fortalece la confianza en el Gobierno y reafirma el compromiso de un Estado que decide, por fin, poner en el centro al pueblo.
X: @RicardoMonrealA
