• Hay un pacto de impunidad entre el Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Poder Ejecutivo local, lo que afecta a la población de Amatán, manifestaron habitantes.

La diputada Gabriela Martínez Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, respaldó la denuncia pública de habitantes de Amatán, Chiapas, agredidos por una agrupación caciquil y paramilitar que gobernó la demarcación por más de 15 años, en detrimento del desarrollo del municipio.

“Estamos aquí para apoyar estos esfuerzos y tenemos que actuar en consecuencia, en favor de la población, así como pedir la protección de la integridad física de estos hermanos y hermanas que nos acompañan haciendo la denuncia”, declaró.

Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, explicó que ante la situación de mal gobierno que tuvo Amatán, la población se organizó para exigir la desarticulación del grupo que encabezan los hermanos Carpio Mayorga y que desde hace años asola la región.

Expresó que a pesar de que las protestas para demandar justicia han sido pacíficas, este grupo ha perpetrado desapariciones y asesinatos.

Comentó que, a cinco años de lucha, los hermanos que encabezan el grupo y que, en su momento, fueron detenidos, están en libertad gracias a un juicio exprés, en el que se desestimaron las pruebas que los incriminaban.

Aseguró que la Coordinación del Movimiento Plan de Ayala advirtió que, si se les dejaba libres, el grupo paramilitar se reintegraría para generar, nuevamente, inestabilidad política y social en el municipio.

“Hay un pacto entre el Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Poder Ejecutivo local”, declaró.

Afirmó que la impunidad en la región es de tales magnitudes que incluso se le impidió el ingreso a personal de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Comentó que ante los señalamientos del riesgo al que está expuesta la población, una Comisión de la ONU se acercó al municipio para entrevistar a familiares de personas agredidas, a víctimas y testigos.

Sin embargo, continuó, se emprendió una campaña de desinformación con el uso de mantas y volantes apócrifos, en los que la Coordinación amenaza a operadores del grupo paramilitar, “y de los cuales nos deslindamos totalmente”.

Adelantó que la Coordinación Nacional del Movimiento Plan de Ayala, a través de su representación jurídica, realizará la apelación a la sentencia absolutoria que el Poder Judicial del estado otorgó a los dirigentes caciquiles.

En ese sentido afirmó que exigirán al Poder Judicial que actúe con imparcialidad en el proceso jurídico que se les sigue a otros cuatro responsables actualmente detenidos.

“Estamos ciertos de que si eso sucede estas personas serán condenadas con la pena máxima”, declaró.