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AVANZA EN COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN CONTRA INEMBARGABILIDAD DE APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL

4 diciembre, 2020 - Prensa

·         El texto aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales puntualiza que los recursos podrán recuperarse sólo a través de juicios

·         Debe brindarse la mayor protección posible para evitar el cobro de deudas sin el debido proceso, expresó la diputada Aleida Alavez

La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Aleida Alavez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aprobó el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se establece la inembargabilidad de los apoyos otorgados por el gobierno federal a la población vulnerable, como ocurre con diversos sectores de la sociedad por motivo de la pandemia de covid-19.

En sesión ordinaria con formato semipresencial, este órgano legislativo determinó la pertinencia de establecer en el artículo 4º de la Constitución que “los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables”.

Al respecto, Alavez Ruiz comentó se busca blindar los recursos de los programas sociales de embargos bancarios sin previo juicio y así evitar que se vulneren los derechos de los beneficiarios, al tiempo que se da continuidad al combate a la desigualdad y pobreza que persiguen estas estrategias.

Explicó que el sistema jurídico actual reconoce que si alguien debe es menester que cumpla con su obligación, pero también plantea principios constitucionales, como la seguridad jurídica y la certeza del debido proceso, que protegen a todos los ciudadanos por igual, es decir “que nadie puede hacer justicia por su propia mano”.

“Debe brindarse la mayor protección posible de evitar el cobro de deudas sin el debido proceso, ya que ello equivale a un embargo de bienes, realizado por un particular, sin intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de utilizar esa clase de acciones”, expresó.

Al hacer uso de la voz, el legislador Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses calificó como muy positivo definir en la Carta Magna esta protección mediante la cual no será posible embargar los recursos que la gente necesita, salvo cuando esta recuperación se realice mediante el juicio correspondiente.

En su oportunidad, el diputado Pablo Gómez Álvarez consideró que la Constitución debe contener esta puntualización, a fin de fortalecer un sistema en el que estos subsidios cuenten con una protección extraordinaria.

Comentó que establecer en la ley que los recursos puedan embargarse mediante juicios “busca dejar saldado que rige un estado de derecho de acceso a los tribunales y a la justicia”.

Por otra parte, el órgano legislativo avaló el dictamen por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada, cuya redacción, aseguró Alieda Alavez, satisface las opiniones de todas las personas que participaron en su integración, desde legisladores y autoridades gubernamentales, hasta particulares que intervinieron mediante parlamento abierto.

El dictamen establece la coordinación de prestadores de servicios de seguridad privada con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre.

Asimismo, la Comisión aprobó el Dictamen a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II, del inciso A) del artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de nacionalidad, mediante el cual tienen derecho a la nacionalidad mexicana “los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano”.

Esta medida abonará a dar certeza jurídica a las y los connacionales que no radican en territorio nacional, y que tienen el temor fundado respecto de si sus hijos podrían ser considerados apátridas al momento de su nacimiento.

Los dictámenes se remitirán a la Mesa Directiva para los efectos de la programación legislativa.

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