· Se recibieron cinco propuestas de legisladores de distintos Grupos Parlamentarios, con las cuales se prevé la redacción del pre dictamen para fortalecer este marco jurídico, explicó la diputada Irma Juan Carlos

En el marco de la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Población, y Pueblos Indígenas, quedaron aprobados el procedimiento, programa, y consulta del pre dictamen que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Durante el encuentro virtual, la diputada Rocío Barrera Badillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, sostuvo que el “Estado mexicano mantiene una deuda histórica con sus raíces que no puede seguir siendo ignorada y que el mero reconocimiento de la composición pluricultural de nuestra nación no salda”.

Puntualizó que lo que se propone integrar es una auténtica consulta nacional de las comunidades indígenas, que reconozca plenamente sus derechos, su capacidad de autodeterminación y la obligación del Estado de planear junto con ellas el desarrollo nacional.

“El dictaminar estas iniciativas, es también una forma de reconocer y reparar la indolencia del pasado, que nos hace hoy arrastrar omisiones legislativas importantes que han dificultado o entorpecido la integración cultural de nuestra nación y el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas”, comentó.

La diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, explicó que se recibieron cinco iniciativas presentadas por legisladores de los distintos Grupos Parlamentarios, con las cuales se prevé la redacción de un pre dictamen para fortalecer la Ley General de Consulta a Pueblos Indígenas.

Enfatizó que se ha estado avanzando en la discusión y en el análisis, toda vez que existe una buena coordinación con la Comisión de Gobernación y Población, para establecer las bases para que esta ley pueda aprobarse una vez que existan condiciones de regresar a las sesiones en la Cámara de Diputados.

Asimismo, expresó que también se ha tenido un trabajo cercano con Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos para “la redacción de esta importante ley”, apuntó.

En su oportunidad el diputado Javier Manzano Salazar, consideró que el tema de consulta indígena requiere un tratamiento cuidadoso por tratarse de uno muy polémico.

Recordó que está en curso el proceso de la reforma constitucional en materia indígena promovido por el Ejecutivo Federal, por lo que sugirió armonizar ambos procesos y realizar una reunión de alto nivel en el que se pueda llegar a consensos.

Por su parte, el legislador Manuel García Corpus señaló la necesidad de contar con la opinión de todas y todos los diputados, especialmente cuando la SCJN resolvió que este marco legal debe concretarse a más tardar en el periodo del próximo año.

Por su parte, la diputada Araceli Ocampo Manzanares aseguró que, en un primer acercamiento con los pueblos indígenas, en 2018, para la creación del INPI, estas comunidades manifestaron su felicidad por ser contempladas de modo que auguró una buena recepción del proyecto de dictamen que se busca integrar.

El legislador Gonzalo Herrera Pérez celebró la discusión sobre la integración de la ley, porque se trata de un instrumento que va a recoger el sentimiento de todas las comunidades originarias en el país que dará paso a conocer mejor sus problemas.

Alfredo Vázquez Vázquez declaró que después de 29 años de que la consulta a las comunidades originarias quedara establecida en el Diario Oficial de la Federación, es que se está tomando en serio a través del actual gobierno federal y la presente Legislatura.

Hugo Aguilar Ortiz, coordinador de Derechos Indígenas del INPI, reconoció a responsabilidad al abordar la Ley de Consulta que ha estado ausente desde 1991.

Dijo que hay un conjunto de retos que el país no ha abordado en casi 200 años y que, en ese sentido, el INPI está abierto a proporcionar toda la información que este organismo ha generado para la construcción de la ley.