·      La propuesta reformaría el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

·      Se han analizado diversos elementos que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, principalmente de mujeres que se encuentran sujetas a procesos penales o privadas de su libertad, expuso la diputada Wendy Briceño.

La Comisión de Igualdad de Género que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga en coordinación con el Observatorio de Amnistías, así como otras instancias y organizaciones de la sociedad civil, avanzaron en integrar una iniciativa que tiene como propósito reformar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en armonización con la Ley de Amnistía que fue aprobada el año pasado.

En este sentido, la diputada Wendy Briceño expresó que legisladoras, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, han analizado diversas disposiciones que se consideran contrarias a lo establecido en la Ley de Amnistía “y cuyos elementos de delito se encuentran limitando el ejercicio pleno de los derechos de las personas, principalmente de mujeres que se encuentran sujetas a procesos penales o a penas privativas de la libertad al pretender ejercer derechos reconocidos en instrumentos internacionales”.

La legisladora de Morena refirió que la intención es la garantía y la ampliación de derechos, “nuestro compromiso con los derechos humanos es fuerte, es vigente y es claro y siempre es en sentido progresivo”, afirmó.

La representante federal contextualizó que el pasado 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, que tiene como objetivo liberar a las personas que se encuentren presas, que hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciadas o sentenciadas por delitos graves. Añadió que en dicha ley se indica que el Congreso de la Unión realizará un ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia el ordenamiento.

Expuso que la iniciativa se refiere a delitos como el aborto;  homicidio en razón de parentesco o relación; de la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos; sedición, rebelión, motín, sabotaje, desobediencia, resistencia de particulares y quebrantamiento de sellos.

“Tuvimos la gran oportunidad de establecer una comunicación directa y efectiva con el Observatorio de Amnistías, a través de su enlace, la licenciada Ángela Guerrero a quien le reconozco su paciencia y dedicación para presentar este ejercicio legislativo cristalizado en una iniciativa”, manifestó Briceño Zuloaga.

Otro de los puntos que resaltó, es la comunicación con los congresos locales en esta materia, “me parece que también podemos enviar un exhorto, o en su caso una misiva para recordarles”. Añadió que no ha sido un tema fácil porque falta compromiso de los congresos locales en torno a la Ley de Amnistía, ya que dijo, hay diversas resistencias y en algunos casos existen planteamientos de retrocesos sobre los derechos humanos.

Wendy Briceño, señaló que se recogieron las ideas principales de lo vertido en este diálogo y se les dará seguimiento, “estaremos atentas a lo que se plantee y también a fortalecer las legislaciones a favor de todas y de todos, particularmente de quienes han visto sus derechos humanos mayormente regateados”.

En tanto que la diputada Sandra Paola González Castañeda, en su intervención, subrayó que existe un gran interés para el seguimiento de lo que ha fallado y de lo que se puede hacer para crear un buen dictamen que armonice con la Ley de Amnistía. Agradeció el diálogo sobre este tema y señaló que el intercambio de información e investigación, fortalecen las propuestas legislativas.

González Castañeda habló de los esfuerzos que se han hecho para que se incluya la perspectiva de género en la impartición de justicia, y donde se ha establecido una capacitación real para los jueces y juezas en perspectiva de género, y no sólo sea un tema mediático. Abundó en que sobre la no criminalización de las mujeres falta un camino enorme por recorrer.

Señaló que durante su trayectoria laboral, ha estado muy de cerca de las mujeres que están en prisión y que conoce los obstáculos y problemas que se enfrentan en materia de justicia, “el problema es muy fuerte, los esfuerzos pueden ser muy significativos, pero hace falta todo”. Citó que una mujer privada de su libertad es muchísimo más condenada y estigmatizada y “son las primeras abandonadas”.

En su oportunidad la diputada Lorena Villavicencio Ayala puntualizó que con la Ley de Amnistía se pretende favorecer aquellas personas que por motivos socioeconómicos permanecen en la cárcel; como la población indígena o mujeres procesadas por interrupción del embarazo.

La legisladora por la Ciudad de México refirió que este tipo de casos padecen la criminalización de su condición de pobreza, por el sólo hecho de no contar con los medios para una buena defensa. Recordó que el sistema de justicia en el país aún se encuentra en un proceso de mejoramiento y en tanto se generan las condiciones necesarias, comentó, se debe procurar herramientas para la defensoría.

En relación a la interrupción legal del embarazo, consideró que se debe arribar a una gran definición del tema, sin ambigüedades, ya que dijo, es un delito que no debería de existir, “porque evidentemente esto afecta al tema de la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir”.

Además, Villavicencio Ayala apuntó que se trabaja porque la Ley de Amnistía pueda estar presente en cada entidad federativa. “Una ley de amnistía es la declaración más abierta de que, tenemos que legislar ya sobre estos temas que tienen a estas personas indebidamente en la cárcel, por un asunto de pobreza extrema, por falta de condiciones,” expresó.

En tanto que Ángela Guerrero del Observatorio de Amnistías, dijo que es muy importante este diálogo. Manifestó que son un grupo de diversas organizaciones que establecieron un observatorio para dar seguimiento a lo que sucede con las distintas iniciativas que hay a nivel local, con la implementación a nivel federal y con los pendientes que se tienen sobre los transitorios. En ese sentido, se refirió al trabajo que se realizó de manera coordinada.

En la reunión realizada de forma virtual para presentar las conclusiones, además de legisladoras de diversos grupos parlamentarios, también se contó con la participación de Carlos Gustavo Cruz, titular de la Unidad de Defensa Penal; Adriana Muro, Directora Ejecutiva de Elementa DH; Guadalupe Jiménez, representante del Colectivo Mujeres Libres México; Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la libertad y Citlalli Bustamante, coordinadora del Área de Documentación del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

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