Nuevo gobierno dará a la ciudadanía el poder de participar en los asuntos públicos.
Nunca más un ejercicio público a espaldas del pueblo: Lorenia Valles.
Ha venido una fuerza democrática que sí preguntará y sí consultará a la sociedad: Pablo Gómez.

Con la sentencia de que “la consulta va”, la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro aseguró que la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto será un ejercicio ciudadano que llevará implícito el reconocimiento de los derechos humanos consagrados en diferentes instrumentos jurídicos internacionales.

Por lo que “las y los legisladores de Morena hemos decidido apoyar la consulta más allá de la opinión personal de cada diputada o diputado, porque estamos a favor de las distintas modalidades de democracia directa, además estas haciendo ejercibles los derechos humanos de la gente”.

Así lo expresó al hablar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, sobre la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al  Consulta Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), vigile que se cumpla la legislación en materia de protección de datos personales en la realización de la consulta.

Desde tribuna, dejó claro que con la entrada del nuevo gobierno del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se le dará a la ciudadanía el poder de participar en los asuntos públicos, y con la consulta ciudadana podrán ejercer influencia mediante el debate y diálogo públicos.

“Será una consulta vinculante a través de mil 100 mesas a lo largo del territorio nacional, la gente es la que decidirá sobre la viabilidad de esta obra, en el próximo gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador será el pueblo el que decida”, afirmó.

Aclaró que la consulta sobre el aeropuerto busca resolver una situación que creó la actual administración, la cual dio prioridad a sus intereses económicos a espalda de la gente, y se abre la democracia para crear conciencia gubernamental y así salvaguarda la biodiversidad en beneficio de las comunidades.

“Desde el equipo del presidente electo, existe la convicción de escuchar a la ciudadanía en un tema tan trascendental, de hacer ejercibles los derechos humanos, garantizados en la Carta Magna y en los instrumentos internacionales”, indicó.

“Acostúmbrense a esta nueva forma de gobernar, nunca más un ejercicio público de espaldas al pueblo”, sentenció.

Por su parte, el diputado Pablo Gómez Álvarez aseguró que el problema no es la realización de la consulta popular sobre el aeropuerto, sino que la verdadera afectación fue que el presidente Enrique Peña Nieto sólo consultó  a su gente cercana y a contratistas para decidir sobre la ejecución de este megaproyecto.

Aseveró que “lo que se decidió en la elección del 1 de julio fue marcar un nuevo rumbo y romper con una tradición y una nefasta alianza política del PRIAN, eso es lo que estamos removiendo”.

Gómez Álvarez afirmó que la consulta ciudadana sobre el nuevo aeropuerto no es el primer ejercicio realizado por López Obrador, pues ya lo había hecho una consulta en 1998 cuando el PRI y el PAN impusieron el Fobaproa, que le ha costado al país cien mil millones de dólares.

“Aquí ha vendido una fuerza democrática que sí preguntará, y que si consultará y eso es con lo que ustedes jamás podrán estar de acuerdo ¿saben por qué?, porque nunca lo hicieron, jamás preguntaron, jamás consultaron, siempre impusieron”, enfatizó.

Los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona y María Chávez Pérez coincidieron en que los partidos de oposición no reclaman que sea una consulta ilegal sobre el nuevo aeropuerto, sino los negocios que se perderían al echar abajo el proyecto original, empañado por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Ahora el pueblo va a decidir, porque se va a hacer valer el derecho a la consulta pública.

Mientras tanto, para la diputada Sandra Paola González Castañeda criticó la opacidad en las licitaciones que se llevaron a cabo para el proyecto original del nuevo aeropuerto. Consideró como sospechoso que los ganadores de las primeras tres licitaciones destacan la empresa de Rolando Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, quien financió la famosa Casa Blanca.

El diputado Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses dijo que con la consulta pública se busca que haya una opinión extra por parte de la ciudadanía y que la decisión influya considerablemente a favor de la seguridad de los pasajeros y los propios vecinos aledaños a la construcción.

Por su parte, el diputado Marco Antonio Medina Pérez dijo que la molestia de los legisladores de oposición es en sí hacer la consulta por primera vez en la historia al pueblo de México sobre un tema tan importante como es la construcción del nuevo aeropuerto, además de resaltar la debida protección que habrá a los datos personales de quienes participen en dicha consulta.

En tanto, la legisladora Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez aseveró desde el Grupo Parlamentario de Morena se va a defender el derecho de los ciudadanos a emitir su opinión sobre las obras que se realicen, por ello planteó la urgencia de quitar todos los candados que impiden en la legislación realizar este tipo de ejercicios democráticos.

En el mismo sentido, el diputado Roberto Ángel Domínguez Rodríguez señaló que la política de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha caracterizado por ser ineficiente y corrupta. Incluso afirmó que detrás de este proyecto existen fuertes compromisos financieros.

Para la legisladora Laura Imelda Pérez Segura dijo que se acabará el modelo que venía estableciendo como premisa fundamental el gobierno federal de hacer negocios privados financiándolos con recursos públicos. Por ello es importante involucrar a la sociedad en el análisis técnico y permite ser partícipe en el proceso de toma de decisiones, lejos de continuar siendo desplazados y tratados como incapaces de entender los problemas, para dejar en manos de unos pocos la toma de decisiones.

María de los Ángeles Huerta del Río, diputada de Morena, aseveró que la mafia que estaba en el poder hoy se rasga las vestiduras al desestimar la consulta popular. Consideró como absurdo este argumento, ya que la propia Constitución lo establece.

Para la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz la transparencia y rendición de cuentas son la base de la legitimidad para la democracia que necesita la cuarta transformación. Por ello, recalcó que en la próxima consulta sobre el NAICM cuenta con todas las medidas de protección de datos y la trasparencia. “La consulta no es una payasada ni un juego; para Morena, la opinión de la gente es la base de nuestro actuar”.