· A casi 13 años de los hechos, hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación. No hay ninguna sentencia condenatoria firme.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados hizo un llamado para que se garantice la justicia que demandan todas las víctimas de violaciones a sus garantías fundamentales durante los disturbios de 2006, en el municipio de San Salvador Atenco, Estado de México.

En ese sentido, el diputado Hugo Rafael Ruíz Lustre, presidente de dicho órgano legislativo, reconoció el esfuerzo realizado en el seguimiento del caso al Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C y de su director Mario Ernesto Patrón Sánchez.

Lamentó que, a casi 13 años de los hechos, apenas haya 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación, sin ninguna sentencia condenatoria firme y sin que ningún funcionario federal, o de alto nivel, haya sido llamado a rendir cuentas.

Lo anterior, a pesar de las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), asó como los resolutivos de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena recordó que los días 3 y 4 de mayo de 2006, aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y mil 815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, contra activistas e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).

Durante el conflicto, se generaron acciones de uso excesivo de la fuerza, en donde murieron dos personas y fueron detenidas y torturadas 217 personas.

Entre los detenidos hubo 47 mujeres, que en su mayoría sufrieron a manos de los policías agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias.

Tras los hechos, 26 de las mujeres reportaron agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente.

Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la CNDH y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Por lo cual, sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos.

Asimismo, un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto.

En ese sentido, Hugo Rafael Ruiz Lustre advirtió la falta de justicia por parte de las autoridades nacionales, así como la negativa en atender las recomendaciones de instancias internacionales, como la antes mencionada CIDH.

La CIDH recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad.

De lo anterior, el 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancia e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.

Finalmente, el diputado hizo el llamado para que se generen las condiciones de justicia en este caso y se haga la reparación integral a favor de las víctimas.