·      Deben modificarse las leyes para que nunca más se vuelvan a presentar abusos en las compras y las obras pagadas con recursos públicos

El diputado Carol Antonio Altamirano del Grupo Parlamentario de Morena, inscribió una iniciativa que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público con el propósito de que todos los contratos que realice el Gobierno federal con terceros o entre dependencias sean firmados por sus titulares.

La propuesta del legislador plantea que en los contratos que celebren las dependencias con las entidades, así como los actos jurídicos entre dependencias o entidad de la Administración Pública Federal debe ser el titular de la dependencia o entidad que contrata quien suscriba los contratos correspondientes.

Además, se propone que el titular tenga la obligación de cerciorarse fehacientemente que la entidad contratada cuenta con la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato o de que no subcontrate más del 49 por ciento tanto de los trabajos como del importe total.

Los titulares serán los responsables de vigilar el cumplimiento de las condiciones y términos que se establezcan en los contratos.

En su iniciativa, el diputado Antonio Altamirano refiere que cualquier contrato a empresas debe realizarse mediante licitaciones públicas a través de convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado y será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El legislador explicó que en la administración anterior diversas entidades evitaron realizar las licitaciones y firmaron contratos con organismos públicos sin la autorización expresa de los secretarios, con escasas sanciones en caso de incumplimiento y se permitió la subcontratación a terceros.

Una de las causas de la iniciativa es que se detectó el abuso del esquema de excepción de licitación de obra, lo que permitió la discrecionalidad y la elusión de la responsabilidad de los funcionarios que la promovieron en el sexenio anterior, destacó Antonio Altamirano.

“En estos nuevos tiempos de cero tolerancia a la corrupción, deben modificarse las leyes para que nunca más se vuelvan a presentar abusos en las compras y las obras pagadas con recursos públicos”, aseguró.