DIPUTADA CLAUDIA VALERIA YÁÑEZ CENTENO Y CABRERA (CVYCC). Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el agua es el recurso principal para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta.

A diferencia de la percepción que se tenía hasta hace algunas décadas, en la que se pensaba que el agua era un bien que no se podía acabar, hoy estamos conscientes que es escasa, que debemos cuidarla, preservarla y aprovecharla de forma sustentable.

La sobreexplotación de este vital líquido conlleva a su vez una generación más alta de aguas residuales. El insuficiente control y tratamiento de estas aguas residuales ocasionan un deterioro gradual de nuestros recursos acuíferos.

Las aguas residuales son descargadas en ríos, lagunas y lagos, contaminándolos. El deterioro de la calidad de nuestros recursos hídricos tiene repercusiones directas en la salud de nuestra población.

El presente dictamen busca proteger el agua para seguir disponiendo de ella de forma sustentable, en cantidad y calidad adecuadas para el consumo humano, el uso doméstico, el desarrollo de las actividades productivas y recreativas. De ahí que la adición de la fracción VI Bis al artículo 88 Bis de la Ley de Aguas Nacionales, busca reducir los contaminantes en las descargas residuales provenientes de los procesos industriales.

Lo anterior, por medio de la sustitución de materiales tradicionales por biodegradables, siempre y cuando técnicamente sea viable y se atiendan las disposiciones reglamentarias en la materia.

En otro orden de ideas, el cumplimento de la normatividad concerniente a la gestión y cuidado del agua es indispensable para proteger derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Política, como el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como los derechos a la salud y a un ambiente sano.

En este orden de ideas, la reforma al artículo 120 tiene por objeto inhibir las conductas contrarias a las obligaciones establecidas en la ley, sancionando con mayor rigor a quienes atenten contra el vital líquido y, por ende, contra la sociedad.

Con la reforma, las faltas administrativas como son: el aprovechamiento de las aguas nacionales sin contar con la concesión respectiva, realizar descargas de aguas residuales sin tener el permiso omitido por las autoridades competentes, no respetar las condiciones particulares de descargar, y omitir el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia, entre otras, serán sancionadas con mayor severidad, aumentando alrededor del 30 por ciento el monto de las multas impuestas a los infractores.

Además, el dictamen en comento también propone la adecuación de la Unidad de Medida y Actualización, UMA, para tasar las obligaciones y multas contenidas en la ley. Lo anterior, a efecto de armonizar la norma jurídica con las disposiciones derivadas de las reformas constitucionales de 2016 en materia de desindexación del salario mínimo.

En suma, el dictamen a discusión propone objetivar derechos humanos establecidos en la Carta Magna y en diversos instrumentos internacionales, así como otorgar certeza y seguridad jurídicas a las y los ciudadanos. Por lo anterior, Morena votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.

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