· La iniciativa es parte del proceso de la reconciliación nacional, señala.

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena y secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, Ulises García Soto, presentó ante el pleno la iniciativa con proyecto de decreto sobre la ley general de desplazamiento forzado interno para la protección de personas víctimas de desplazamientos forzados internos.

El objetivo es que el país cuente con un marco jurídico eficiente para la protección de los ciudadanos a vivir tranquilos en su lugar de origen y tener mecanismos para garantizar la protección de la seguridad, la reparación del daño y las garantías de no repetición.

Ulises García Soto afirmó que la iniciativa tiene congruencia política, se apega a un fenómeno real y vigente en el país que no es legislado, de igual manera, resaltó que no representa un impacto presupuestal.

La migración, explicó, fue uno de los capítulos más oscuros de la etapa neoliberal porque así le convenía al régimen.

“Cuando los migrantes cruzan la frontera internacional se llaman refugiados y los que se quedan en territorio nacional, desplazados internos. No existe la figura jurídica para referirnos a este fenómeno migratorio. Debemos entonces corregir y decir que las política neoliberales de inseguridad, muerte y pobreza, convirtieron al país, también, en un país de desplazados”, declaró.

El desplazamiento forzado interno se caracteriza por estar fundamentado en el temor de una amenaza directa o indirecta e inmediata a la vida, la seguridad o la libertad o porque haya sido objeto de violaciones graves a los derechos humanos.

“Hemos sido candil de la calle y oscuridad en la casa”, lamentó.

El legislador recordó que en 1981, el país ayudó a los guatemaltecos a que fueran refugiados en Chiapas, se firmó la declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas, sin embargo, no se ha legislado para reconocer a los desplazados internos.

Informó que en Ciudad Juárez, “en la mal llamada “guerra contra las drogas” cerca de 200 mil personas huyeron de la ciudad en un periodo de ocho años. Según cifras del monitoreo de desplazamiento interno en 2018”. Expuso que este dato significa un desplazamiento forzado interno en el país, por aproximadamente 400 mil personas víctimas, siendo Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero, las entidades federativas más afectadas.

“Por este motivo, se debe recalcar que se trata de una omisión grave, porque no existe un sistema normativo que proteja a los desplazados internos en el país, no existen políticas públicas ni estrategias claras ni estadísticas oficiales”, indicó.

García Soto invitó a todas las fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa. “La aprobación de la iniciativa es parte del proceso de la reconciliación nacional”, aseguró.

En los marcos jurídicos, dijo, se tiene que dejar asentado, así como en las leyes y reglamentos, los mecanismos institucionales de acción para atender a esta población en el futuro y las próximas generaciones, “pero también es un reconocimiento de los errores de las políticas fracasadas del pasado, un compromiso con la verdad”, concluyó.