· La ley vigente propicia el encubrimiento y favorece la impunidad

· En caso de que los servidores públicos hagan uso indebido de recursos públicos, la sanción económica será hasta de 10 mil UMA

Por unanimidad y con 423 votos a favor, se aprobó la iniciativa presentada por Morena, para incorporar a los servidores públicos al catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por violación a las leyes electorales, particularmente al hacer uso indebido de los recursos públicos.

La propuesta fue presentada por el diputado Pablo Gómez Álvarez, quien explicó que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se prevén las sanciones aplicables a los servidores públicos, a quienes se señala como sujetos de responsabilidad en materia electoral. Sin embargo, la imposición de tales sanciones depende exclusivamente de su superior jerárquico.

Es decir, el artículo 457 de la mencionada ley dispone dar vista al superior jerárquico del servidor público para varios efectos, entre ellos, que aplique la sanción o emita la disposición correctiva, presente queja o querella ante la autoridad administrativa a la que pudiera corresponder y dé vista al Ministerio Público para efectos penales.

Sin embargo, Gómez Álvarez aseguró que, en la práctica, dichas sanciones no son impuestas, toda vez que dependen del superior jerárquico inmediato del infractor, por lo que se propicia el encubrimiento y se favorece la impunidad.

“Para poder llevar a cabo uno de los propósitos dentro de nuestro programa de la Cuarta Transformación, que consiste en luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad, este punto es un punto relevante, puesto que se trata justamente de la lucha electoral en la que los organismos públicos intervienen, utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad, tanto a los empleados como a los jefes”, aseguró.

A nombre de la Comisión de Gobernación y Población, la diputada Rocío Barrera Badillo, fundamentó el dictamen de dicha propuesta, y en Tribuna, aseguró que se fortalecerá la cultura de la legalidad en el servicio público, haciendo efectivamente sancionables, aquellas conductas, no sólo contrarias a la ética y a la honestidad que deben distinguir el actuar de todo funcionario, sino las que resultan de manera verificada en violaciones abiertas a las normas electorales.

“Dentro de una lógica de diseño democrático, se busca que los servidores públicos mantengan los principios tales como honestidad, integridad e imparcialidad”, aseguró.

Sin embargo, lamentó que los resultados en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, dejan ver que las sanciones actualmente aplicadas son insuficientes y en muchos casos no trascienden más que en una amonestación pública, y en otros casos se aplican criterios de oportunidad para no sancionar.

Reiteró que, al no existir responsabilidades directas para los servidores públicos, la ley vigente tolera la impunidad, por lo que se busca abonar a revertir esta situación, estableciendo mecanismos que fortalezcan la cultura de la legalidad.

Por su parte, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, señaló que no es extraño observar en el ejercicio político, a servidores públicos que buscan inclinar las balanzas durante las elecciones, utilizando indebidamente recursos públicos para favorecer a un candidato o a un partido.

En este marco, el legislador destacó que dicha propuesta prevé sanciones que van desde la amonestación pública y multas hasta de 5 mil Unidades de Medias y Actualización, UMA. En caso de que los servidores públicos hagan uso de recursos públicos para presionar a los electores, la sanción económica que se propone será hasta de 5 mil y 10 mil UMA.

“Es claro que el dictamen pretende acabar con la corrupción en el ámbito electoral. No queremos más elecciones de Estado. Es por ello que, para el caso de la reincidencia del servidor público, proponemos que se sancione con el doble de la multa originalmente impuesta”, agregó.

Además, reiteró que Morena busca que cuando un ciudadano acuda a la casilla, lo haga en plena libertad y por convicción, sin temor a que una autoridad vaya a actuar en su contra.

De igual manera, el diputado Valentín Reyes López, coincidió en que la finalidad de la propuesta es revalorizar la ética, responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones, sobre todo, el respeto al voto y decisión de los ciudadanos.

Además, señaló que, de acuerdo con cifras de la Fepade, en el proceso electoral de 2018, los casos en contra de funcionarios públicos representó solo el 4.4 por ciento, por lo que concluyó que los mecanismos vigentes no favorecen la denuncia ni el inicio de procedimientos sancionatorios en contra de los malos servidores públicos.

“Debemos cambiar el diseño legal vigente que no favorece ni permite que prosperen las investigaciones penales por infracciones electorales cometidas por servidores públicos. Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de ‘no mentir, no robar y no traicionar al pueblo’”, afirmó.