DIPUTADO CAROL ANTONIO ALTAMIRANO (CAA). Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, presento una propuesta de modificación, tanto a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios como a la de Obras Públicas.

El objetivo de esta iniciativa es eliminar las deficiencias de estas leyes, que permiten la proliferación de redes de corrupción, que facilita a los funcionarios abusar de las excepciones y eludir su responsabilidad.

En México se ha abusado y distorsionado el servicio público para encubrir actos de corrupción de manera inaceptable e inmoral. Las lagunas e imprecisiones de las leyes han servido para eludir el mandato constitucional.

El artículo 104 de la Carta Magna, en su párrafo cuarto, establece con claridad cómo deben cuidarse los recursos públicos, para que los funcionarios los utilicen de manera honrada, eficaz y transparente.

El mandato constitucional señala que las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas.

Esa regla general tiene una excepción en el siguiente párrafo, donde se precisa que cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado, así queda claro que el texto constitucional mandata realizar licitaciones y solamente como excepción permite otros procedimientos.

En consecuencia, tanto la Ley de Obras como la Ley de Adquisiciones permiten que estas se realicen no solo por licitación, sino también permite la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa, el problema radica en que desde 2012 la Auditoría Superior de la Federación ha señalado el incumplimiento de este diseño constitucional y observado el desvío de recursos a través de empresas fantasmas o contratistas que realizan simulaciones, como es el caso mediáticamente conocido como la estafa maestra.

La anomalía consiste en que diversas entidades de la administración pública, por ejemplo, Sedesol o Sedatu evitaron la realización de licitación, firmando contratos con otras entidades, por ejemplo, algunas universidades públicas, pero al no existir suficientes controles y obligaciones se han presentado casos de corrupción que han ofendido gravemente al pueblo.

El hecho es que desde hace siete años el ente especializado en fiscalizar los recursos señaló e informó al Poder Legislativo y a la opinión pública de este esquema de opacidad y discrecionalidad, pero durante ese tiempo las lagunas legales se han mantenido, la omisión ha estado en manos de los legisladores y fue la anterior mayoría la que impidió realizar los cambios que la experiencia exigía, actuando como cómplices parlamentarios de los abusos. Ahora nos corresponde a nosotros lograr un cambio para que las malas prácticas y los abusos ya no se repitan.

Así, les propongo hacer nuestras las observaciones de la Auditoría Superior para establecer que, si en una dependencia se pretende contratar a otra, esto solo sea posible cumpliendo un conjunto de salvaguardas y requisitos, entre los que destaca que sean justamente los titulares quienes firmen los contratos respectivos, para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación, como es el caso de Rosario Robles.

Además, será indispensable verificar que la entidad contratada cuenta con la capacidad material y humana para cumplir el contrato, para cancelar las prácticas abusivas de subcontratar a terceros.

También será empatar condiciones y términos para la aplicación de penas convencionales o deductivas a cargo del proveedor, en caso de incumplimiento.

Compañeras y compañeros, es el momento de recuperar lo propuesto, discutido durante años. Con la nueva composición del Congreso no deben mantenerse las mismas reglas del servicio público que han cobijado la corrupción.

Les propongo que esta iniciativa, que recupera los planteamientos progresistas de la legislatura pasada y que coincide con la minuta enviada por el Senado, sea analizada y enriquecida para votarle en este mismo periodo de sesiones.

Si en el pasado reciente no hubo condiciones para lograr un cambio, ahora no hay excusa ni justificación válida. Hoy hay que ir al fondo. Si la ley tiene deficiencias, entonces es urgente que nosotros cumplamos con nuestro trabajo para que esas prácticas no se repitan nunca más.

Nunca más un caso como el de Rosario Robles, basta de simulaciones y basta de corrupción. Por su atención, muchas gracias.

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https://youtu.be/zxpDFU66noM