DIPUTADO VALENTÍN REYES LÓPEZ (VRL). Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales buscan ser ejemplo, decoro y dignidad en los servidores públicos para evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen las elecciones, específicamente el dictamen propone dos cuestiones de la mayor relevancia.

Primero. Se precisa a los servidores públicos como posibles infractores de las leyes electorales, para establecer sanciones que van desde amonestación pública hasta multas, con independencia de otras responsabilidades administrativas o penales.

Cabe mencionar que las multas se agravan cuando se usan recursos públicos para inducir o coaccionar el voto, así como el caso de reincidencia.

En segundo lugar. Se establece el mandato expreso de que en caso de responsabilidades penales, al superior jerárquico del servidor público que incurra en la falta deberá presentar de forma obligatoria la denuncia penal correspondiente ante el agente del Ministerio Público.

Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ha sido frecuente en nuestra historia que, valiéndose del cargo o de una posición pública, hay quienes indebidamente ejercen presión y tratan de inclinar la balanza en las elecciones, distraer recursos públicos de sus necesarias y altas finalidades por el hecho mezquino de conseguir el poder público.

Si permitimos que esto siga sucediendo habrá siempre injerencias arbitrarias que tengan el atrevimiento de afectar voluntad popular que se deposita en las urnas.

Existe un problema de impunidad y corrupción. De acuerdo a cifras de la Fepade, del total del investigaciones contra servidores públicos durante los últimos cuatro procesos electorales presidenciales, en el proceso electoral de 2018 los casos en contra de funcionarios públicos representó solo el 4.4 por ciento. Por tanto, algo no está favoreciendo la denuncia ni el inicio de procedimientos sancionatorios en contra de los malos servidores públicos.

Debemos cambiar el diseño legal vigente, que no favorece ni permite que prosperen las investigaciones penales por infracciones electorales por delitos cometidos por servidores públicos.

Concluyo. Buscamos revalorizar la ética, la responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones. Buscamos que se respete el voto y decisión de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en Morena nos pronunciamos en favor del dictamen a discusión. Es cuanto, señor presidente, gracias.

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