· Se agrava la pena cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas: Diputado Rubén Cayetano.

· Estimaciones que señalan a más de 329 mil 917 personas desplazadas en nuestro país, contabilizadas hasta el año del 2017: diputado Sebastián Aguilera.

La Cámara de Diputados aprobó con 429 votos el dictamen que adiciona un Capítulo III al Título Décimo Octavo y adiciona un artículo 287 Bis al Código Penal Federal, en materia de Desplazamiento Forzado Interno. Dicha propuesta responde a una iniciativa presentada por el diputado del Grupo Parlamentario de Morena, Sebastián Aguilar Brenes.

En este sentido, el diputado integrante de la Comisión de Justicia, Rubén Cayetano García, presentó en tribuna el dictamen y señaló que actualmente la violencia es la razón para que cada vez más personas abandonan sus hogares, originando una situación de extrema desprotección y vulnerabilidad.

Rubén Cayetano García explicó que la movilidad forzada provoca que los desplazados enfrenten pérdidas materiales, afectaciones psicológicas y sociales, pues se genera ruptura familiar, desintegración de vínculos sociales y culturales, pérdida de empleos sólidos y se dificulta el acceso a la educación, vulnerando sus derechos humanos.

El legislador por Guerrero puntualizó que actualmente no existe una ley nacional que regule el desplazamiento forzado interno como un hecho que viola derechos humanos y donde se establezcan mecanismos de prevención de los desplazamientos.

Refirió que la Ley General de Víctimas, en nueve de sus artículos, hace referencia al fenómeno de desplazamiento interno, reconociéndolo. Agregó que resulta fundamental una protección especial a las víctimas, determinándose cuáles son las atribuciones de cada autoridad y su acción conjunta.

Detalló que para establecer un nuevo tipo penal, se abrió una mesa de análisis en la que participaron: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República, las víctimas desplazadas en Guerrero, y la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal.

“Se concluyó no sólo la importancia de la creación de un nuevo tipo penal que identifique al desplazamiento forzado interno, sino también se estimó agravar la pena cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños o adolescentes, defensores de derechos humanos y periodistas.

Añadió que es responsabilidad del gobierno mexicano prevenir el delito y asistir a las víctimas en su reinserción a la sociedad de forma satisfactoria, reparando los daños y respetando sus derechos humanos.

En tanto que, al hacer uso de la tribuna, el diputado Sebastián Aguilar Brenes destacó que la iniciativa propuesta obedece al acercamiento de un colectivo que hace labor en el estado de Chihuahua, “me visitó en este Congreso pidiendo justicia, justica ante estos hechos que vulneran día a día a los derechos de los mexicanos”.

El integrante de la bancada de Morena sostuvo que existen estimaciones de que existen más de 329 mil 917 personas desplazadas en nuestro país, contabilizadas hasta el año del 2017.

Aguilera Brenes apuntó que la movilidad forzada ha sido calificada como una de las crisis humanitarias más importantes en nuestros tiempos, “la propuesta busca prevenir y sancionar este fenómeno que es consecuencia del temor fundado, o de ser víctima ante un clima generalizado de inseguridad”.

Abundó que esta reforma es una herramienta jurídica fundamental para que las autoridades puedan proteger a las poblaciones y enfrentar, perseguir y sancionar, aquellos que generen condiciones para forzar a las familias a cambiar sus lugares de residencia.

“Hablo no en nombre de una persona, ni de un grupo parlamentario; hablo por todos los mexicanos que anhelamos un país diferente, en donde los derechos y la igualdad, siempre sean respetados”. Añadió que el dictamen representa una oportunidad para saldar la deuda histórica que se tiene con los más vulnerables.