DIPUTADA MARÍA TERESA LÓPEZ PÉREZ (MTLP). Diputadas y diputados. El 18 de octubre de 2017 varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán. Con armas de fuego dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de tierras, 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el desplazamiento forzado obligó a estas víctimas a refugiarse en 11 campamentos, campamentos en los que no pudieron ejercer sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, asistencia humanitaria, educación para las niñas y los niños y seguridad personal.

El desplazamiento forzado de estas comunidades de Chiapas, impactó al menos a 440 menores de edad que permanecieron en condiciones inadecuadas, por no decir más, para su debida protección y seguridad.

Este es sólo uno de los muchos casos de desplazamiento forzado interno que corren en nuestro país, no del año pasado para acá, sino de más de 20 años para acá, por lo menos en forma intensa y cruel.

Durante el 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento interno masivo en México, 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en el 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente, con la intención de salvaguardar su vida. En el 2016 el sector indígena fue el más afectado ya que sufrió, al menos, siete eventos de desplazamiento interno forzado.

Durante años, los gobernantes en turno tuvieron oídos sordos a los reclamos, necesidades y demandas de las y los desplazados. Durante años dieron la espalda a esa cruel realidad, así como a muchas otras violencias que desafortunadamente son cotidianas.

Frente a la ausencia de reconocimiento gubernamental y de las políticas públicas para la prevención y atención integral de las víctimas de desplazamiento interno en México, la población afectada continúa. De ahí la importancia del dictamen que hoy discutimos.

Es el momento de reconocer la problemática y actuar desde los tres poderes y niveles de gobierno. Llegó la hora de da protección y certeza a las víctimas. Hoy, en la cuarta transformación estamos empeñados en hacer de México un espacio pacífico y de bienestar.

Establecer en la ley el delito de desplazamiento forzado interno, es un paso más hacia la plena defensa de los derechos humanos.

Es un paso más a la justicia y a la anhelada paz social. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta, porque al crear el tipo penal se establece el marco jurídico que permite identificar claramente la conducta delictiva y, en consecuencia, establecer también las sanciones correspondientes. Es cuanto.

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https://youtu.be/Gb-csTfrT14