· Queremos eliminar las deficiencias en las leyes que permiten la proliferación de redes de corrupción y facilitan a los funcionarios abusar de las excepciones

El diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, presentó una iniciativa para favorecer los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en los procesos de licitación para la adquisición de bienes y contratación de obra por parte de las dependencias del Estado.

El legislador explicó que el propósito de su iniciativa es que sean justamente los titulares quienes firmen los contratos respectivos, para que después no puedan argumentar que ellos no tuvieron conocimiento ni participación, como es el caso de Rosario Robles.

Al fundamentar su propuesta, comentó que el mandato constitucional señala que las adquisiciones, arrendamiento y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicio de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatorias públicas.

Sin embrago, agregó, tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público, permiten que éstas se realicen no sólo por licitación, sino también permite la invitación a cuando menos tres personas o incluso la adjudicación directa.

“El objetivo de esta iniciativa es eliminar las deficiencias de estas leyes, que permiten la proliferación de redes de corrupción, que facilita a los funcionarios abusar de las excepciones y eludir su responsabilidad”, agregó.

En este marco, Antonio Altamirano consideró que en México se ha abusado y distorsionado el servicio público para encubrir actos de corrupción de manera inaceptable e inmoral y que las lagunas e imprecisiones de las leyes han servido para eludir el mandato constitucional.

Y recordó que desde 2012, la Auditoría Superior de la Federación ha señalado el incumplimiento de este diseño constitucional y observado el desvío de recursos a través de empresas fantasmas o contratistas, que realizan simulaciones, como se dio en el caso mediáticamente conocido como ‘la estafa maestra’.

“La anomalía consiste en que diversas entidades de la administración pública, por ejemplo, Sedesol o Sedatu, evitaron la realización de licitación, firmando contratos con otras entidades, por ejemplo, algunas Universidades públicas, pero al no existir suficientes controles y obligaciones, se han presentado casos de corrupción que han ofendido gravemente al pueblo”, aseguró.

Y subrayó que, desde hace siete años, el ente especializado en fiscalizar los recursos señaló e informó al Poder Legislativo y a la opinión pública de este esquema de opacidad y discrecionalidad, sin embargo, las lagunas legales se han mantenido.

“La omisión ha estado en manos de los legisladores y fue la anterior mayoría la que impidió realizar los cambios que la experiencia exigía, actuando como cómplices parlamentarios de los abusos. Ahora nos corresponde a nosotros lograr un cambio para que las malas prácticas y los abusos ya no se repitan”, indicó.

Finalmente, el diputado federal de Morena, pidió el apoyo de todas las bancadas para adoptar las observaciones de la Auditoría Superior y eliminar las lagunas en las leyes que permiten los actos de corrupción y los abusos en el uso de los recursos públicos.

La iniciativa, que propone diversas reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictaminación.