DIPUTADO BENJAMÍN SAÚL HUERTA CORONA (BSHC). Con su permiso, diputada presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores.

Contrario a lo que aquí se ha mencionado, el proyecto atiende a la política pública de austeridad republicana que enaltece la aplicación de los principios constitucionales de economía, racionalidad, honradez y transparencia en el gasto público, consolidando así el marco legal que representa una nueva época en la administración pública de nuestro país.

Con la iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana del Estado se pretende erradicar el conjunto de excesos que la clase política se había autogenerado, para que de manera eficaz se destine la mayor parte de los recursos públicos a los propósitos reales de desarrollo y de justicia social.

La profunda situación de pobreza en la que se encuentra la población de nuestro país ha sido ocasionada en gran medida por el despilfarro en el gasto público, que no ha sido orientado a la satisfacción de las necesidades de la sociedad.

Por ello, la austeridad republicana es un factor indispensable para transitar hacia un verdadero Estado constitucional de derecho que promueva el interés general y garantice los derechos de los mexicanos.

De igual forma, se requiere recuperar la dignidad del servicio público, considerando que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre; además, la situación económica en que viven las familias de nuestro país, vuelve necesaria la eliminación de los privilegios y derroches de la alta burocracia gubernamental, en virtud de que la función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una sociedad igualitaria y justa que someta a las instituciones públicas a adoptar principios estrictos de austeridad.

Es por ello que a través del presente proyecto se pretende, entre otras acciones, eliminar privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada o colectiva; evitar el engrosamiento del aparato burocrático, desarrollando las funciones del Estado sin crear nuevas plazas ni aumentar sus detonaciones; restringir en los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas y elementos de seguridad; limitar el uso de bienes muebles e inmuebles, y los recursos humanos propiedad del Estado y al servicio de éste al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo a la población.

En este sentido, la austeridad republicana de Estado que caracteriza a la política austeridad de este gobierno auspicia a un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el derroche de los recursos públicos y a cumplir con nuestro máximo ordenamiento, nuestra Constitución.

Un gobierno republicano, democrático y austero destinará los recursos públicos al correcto ejercicio de las tareas y funciones de los servidores públicos, salvaguardando en todo momento el patrimonio del Estado, ya que, si bien es cierto que existen disposiciones legales, ésta no se contrapone porque en el pasado hicieron de cada acto un acto de corrupción.

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https://youtu.be/-bpBL4St8A4