DIPUTADA ANA PATRICIA PERALTA DE LA PEÑA (APPDLP). Con la venia de la Presidencia.

El acceso a la seguridad social ha sido una lucha que se ha dado en las últimas décadas como parte del derecho al trabajo que demandan diversos sectores de la sociedad en nuestro país, toda vez que existen trabajadoras que ejercen sus actividades en el sector informal, por lo que se encuentran desprovistos de los mismos, vulnerando sus derechos humanos y su desarrollo pleno.

El acceso a un trabajo digno es un principio que se encuentra establecido dentro de nuestra Carta Magna, así como en los acuerdos y tratados internacionales que han sido firmados por nuestro país, por lo que se deben reforzar los marcos normativos que permitan garantizar este derecho a todas las trabajadoras y trabajadores en nuestro país, sin importar la actividad que desempeñen.

A nivel internacional, se han impulsado mecanismos en materia de protección de los derechos de las trabajadoras del hogar, como es el caso del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo del 16 de junio del 2011, sobre las trabajadoras domésticas, mismo que no ha sido firmado por nuestro país, por lo que no se encuentra obligado a su cumplimiento, a pesar de que nuestra legislación si contempla algunos elementos del mismo.

El dictamen que se somete a nuestra consideración el día de hoy fortalece los derechos de las trabajadoras del hogar, que al contar con un marco jurídico laxo han quedado desprovistas de la protección de las leyes en materia laboral, siendo relegadas a un trabajo dentro de la informalidad, sin contar con seguridad social y estabilidad en sus empleos.

Por lo que se reconoce la necesidad de legislar en materia de los derechos de las trabajadoras del hogar que demandan la protección de sus empleos que desempeñan, proporcionándoles seguridad social, como es la inscripción al régimen obligatorio del Seguro Social, con la que se les dará acceso a servicios médicos, vacaciones con goce de sueldo y aguinaldo.

Estamos convencidos que con estas acciones se da cumplimiento a lo establecido a nivel internacional, así como a lo resuelto el 5 diciembre del 2018 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del amparo directo, al considerar discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Con las reformas que se votarán el día de hoy, a través del presente dictamen, se logrará atender las brechas de desigualdad que afectan a las trabajadoras y trabajadores del hogar. Toda vez que en términos generales se consigue lo siguiente:

Se reglamenta la figura de las personas trabajadoras del hogar al definirlas como aquellas personas que de manera remunerada realizan actividades de cuidado, aseo, asistencia o cualquier actividad inherente al hogar. Se definen las modalidades en las que se desarrollan dichas actividades.

Se establece que el trabajo en el hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que contenga elementos mínimos como los datos del empleador y la persona trabajadora. Inicio y duración del contrato, tipo de actividades a realizar, monto y modalidad de las remuneraciones, duración de la jornada de trabajo, entre otros criterios que darán certeza a ambas partes.

Se establece que las personas trabajadoras del hogar deberán ser inscritas en el régimen obligatorio del Seguro Social. Y que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos que deberán pagarse, haciéndose mención que en ningún caso podrán ser menores a dos salarios mínimos vigentes.

En este sentido, las reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social materializarán las acciones para atender las necesidades de las trabajadoras del hogar, por lo que son a todas luces positivas para la maximización de sus derechos laborales.

Las diputadas y los diputados estamos conscientes que en materia de protección de los derechos de los trabajadores de nuestro país aún queda mucho por hacer, sin embargo, consideramos que con estas medidas se dan pasos firmes a favor del derecho laboral. Es cuanto.

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