DIPUTADA ROCÍO BARRERA BADILLO (RBB). Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que nos ocupa tiene por objeto prevenir conflictos de interés en el despacho de los asuntos que competen a los organismos descentralizados de la administración pública federal.

Para tal efecto, en el dictamen se propone adicionar una fracción al artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que establezca entre los supuestos de impedimento a integrar los órganos de gobierno, tener en un horizonte de 5 años previos a su designación, participación o intereses particulares o familiares en empresas que pudieran relacionarse o resultar beneficiadas con las operaciones de la entidad.

Hoy todas las fuerzas políticas se suman al reconocimiento de que el abuso del poder público y la impunidad que padecimos proporcionaron que prácticamente cualquier servidor público tenga incentivos para realizar acciones u omisiones en su deber público, con miras a obtener un beneficio privado.

Por ello, toda actividad deshonesta y conducta inadecuada debe ser sancionada, pero especialmente aquellas que se generan al amparo de una posición de poder dentro de la administración pública. En este caso es más efectiva la prevención que la sanción misma.

Los conflictos de interés poseen peligrosos y serios agravantes que afectan en ocasiones de forma irreversible la imagen y buen nombre de la administración pública, restando credibilidad a los programas y acciones de gobierno con las que se pretenden instaurar políticas en beneficio de la sociedad.

A este respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico distingue tres tipos de conflictos de interés, recomendando adoptar medidas legislativas para evitarlos: conflicto de interés real, conflicto de interés aparente y conflicto de interés potencia.

La reforma que aquí expongo y que me motiva a pedir su voto a favor, busca evitar los conflictos de interés aparentes y potenciales. Es evidente que una persona que tenga intereses que puedan beneficiarle o perjudicarle de manera directa verá nublado su juicio al momento de tomar una decisión que debe ser objetiva y procurando el bien común.

Por ello, reitero, proponemos que no puedan ser parte del consejo de administración de las paraestatales, quienes tengan al momento de su elección o hayan tenido en sus últimos cinco años previos al de su designación, participación con las operaciones de la entidad.

Con ello, cabe mencionar, abonamos al cumplimiento de las obligaciones internacionales, por lo que se cumple con el principio de convencionalidad. Por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 7o., que los Estados establecerán medidas y sistemas para evitar las actividades externas o inversiones. Y dos, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por todo lo expuesto, hoy solicitamos su voto a favor.

El tiempo que me resta quiero hacer un reconocimiento a cada uno de los diputados que integran la Comisión de Gobernación. El día de hoy estamos concluyendo el segundo periodo del primer año de ejercicio y los diferentes diputados de los diferentes grupos parlamentarios han hecho un trabajo extraordinario de consenso.

Esta comisión aprobó 62 dictámenes. Tuvo 4 reuniones ordinarias, 7 reuniones de trabajo con organizaciones y suscribió 2 iniciativas. Hoy hago ese reconocimiento a cada uno de los diputados de los diferentes grupos parlamentarios y a los coordinadores de estos grupos. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.

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