DIPUTADO RUBÉN CAYETANO GARCÍA (RCG). Con su venia, diputado presidente Marco Antonio Adame.

Diputadas y diputados la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza que hoy se discute, es un claro avance en materia de derechos humanos y expresa de manera inequívoca la voluntad del Estado mexicano para cumplir con los compromisos internacionales en la materia.

Responde igualmente a la exigencia de la sociedad de contar con instituciones policiales confiables, que garanticen el orden y la seguridad pública, con procedimientos de actuación claros y con absoluto respeto de la dignidad humana.

Por fin quedará establecido en la ley que las instituciones de seguridad pública y sus integrantes solo podrán usar la fuerza cuando sea estrictamente necesario para la prevención de un delito, la detención legal de una persona o repeler el riesgo que enfrenta. Además, se precisa que el uso de armas de fuego se considera una medida extrema, por lo que no podrán emplearse como señal de advertencia ni tampoco para controlar o dispersar manifestaciones.

No se confundan quienes sugieren que, ante la urgencia y necesidad de seguridad de todos, este nuevo gobierno democrático de México se asemeja a los anteriores. No, señores. El plan de construcción de la paz no se sustenta en medidas coercitivas, sino en atender las causas de la violencia, serenar el país es la prioridad, buscando el desarrollo, el crecimiento económico, empleos y atendiendo los sectores y grupos más vulnerables.

Por otra parte, se proponen los principios de legalidad, absoluta necesidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia como condición indispensable para el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública.

Lo mismo operará para la Fuerza Armada permanente, que realice funciones de seguridad pública y para quienes tengan tareas en instituciones de ejecución, de sanciones penales.

En este orden de ideas, prevenir la violencia y evitar la necesidad de recurrir al uso de la fuerza, deberán ser principios rectores en el manejo de cualquier situación que esté relacionada con el mantenimiento del orden público, así quien forme parte de una institución de seguridad pública no podrá hacer uso de la fuerza para infligir, instigar o tolerar ningún acto de violencia sin justificación y mucho menos de tortura y otros actos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Se propone que las instituciones de seguridad pública y sus integrantes aseguren la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y tomen medidas inmediatas para proporcionar atención médica a las víctimas del delito.

Como nación estamos avanzando en el objetivo de construir un Estado social, democrático y de derecho. Esto es un triunfo de todos, de la sociedad civil organizada, de los académicos y expertos, de los grupos parlamentarios y partidos políticos, pero particularmente es una victoria de las y los mexicanos.

Nunca más y por ningún motivo el Estado mexicano podrá hacer uso desmedido y desproporcionado de la fuerza en contra de civiles en ejercicio de sus derechos de manera pacífica.

En Morena estamos convencidos que la protección del derecho inderogable a la vida y a las libertades públicas es el principal objetivo para la regulación del uso de la fuerza, en un Estado democrático el único detentador legítimo del uso de la fuerza es el Estado y solo puede utilizar este monopolio para mantener el orden, el Estado de derecho, la libertad y la paz pública necesarios para la convivencia social.

Creo fervorosamente en el alto compromiso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que jamás como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, jamás dará la orden de reprimir al pueblo.

Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.

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https://youtu.be/oq4oaPOcIg8