DIPUTADO LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO (LEPC). Con su venia presidente.

Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el dictamen que se ha dado cuenta, deviene de una proposición con punto de acuerdo presentada por mis compañeras Vanessa del Castillo, Nelly Carrasco y el de la voz.

Como ustedes saben, la transparencia es el principio, o uno de los principios más elementales de cualquier democracia.

El día de hoy traigo a la tribuna el caso relativo a la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro y la opacidad con la que se dio y sus efectos subsecuentes.

Como es de conocimiento público, su extinción se dio por medio de un decreto presidencial publicado el domingo 11 de octubre del año 2009.

Debe recordarse que este decreto se publicó apenas una hora después de la toma de las instalaciones de la empresa por medio de la fuerzas policíacas.

Debemos destacar que la misma autoridad impidió el ingreso de los auditores de la federación, quienes dieron cuenta de la sustracción de archivos, de unidades de discos de los equipos de cómputo de la empresa.

De acuerdo a declaraciones de la Auditoría Superior de la Federación, no hubo manera física de concluir la revisión de la cuenta pública 2008 a Luz y Fuerza del Centro, por lo que cualquier tipo de observaciones o conclusiones que pudiera haber hecho sobre la compañía, no son aplicables a un organismo público extinto.

Fue así como por orden del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, se dio un final opaco a los trabajos de una empresa nacional que generó, transmitió, distribuyó y comercializó energía a toda la zona centro del país; al entonces Distrito Federal, 82 municipios del Estado de México, dos de Morelos, tres de Puebla y 45 del estado de Hidalgo.

Las razones esgrimidas por la presidencia apuntaron una supuesta inviabilidad operativa y financiera, el decreto destacó el pasivo laboral de la empresa que para entonces era de 240 mil millones de pesos. 80 mil millones correspondiente a trabajadores en activo, mientras que 160 mil millones el pasivo respecto al personal ocupado.

Injustamente se generó una narrativa de que los trabajadores eran responsables del quiebre de la empresa. Nada más falso.

Los años pasaron y a casi una década de su extinción, en el proceso sigue ausente la transparencia.

Decenas y decenas de solicitudes de información negadas con el paso de los años por el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes y por diversas dependencias. Algunos casos se tiene que la información fue reservada hasta por un plazo de 12 años.

Es decir, se ejecutó el proceso de extinción y liquidación en la completa opacidad, que vulnera los ordenamientos constitucionales, las convenciones internacionales, referentes a los derechos laborales y en materia de transparencia.

Se vulnera con ello los intereses de la nación.

Como Poder Legislativo nos corresponde hacer este exhorto para hacer eco de esa demanda de los trabajadores y las trabajadoras, quienes tienen un derecho a conocer la verdad detrás de la desaparición de su fuente de empleo, de la fuente de sustento a sus familias.

Es hora de que se libere toda la información reservada del caso y por ello pedimos la publicación de los documentos clasificados.

Este es un reclamo justo que ha demorado 10 años en llegar, por ello, la solicitud, la invitación a que aprobemos este dictamen.

Es cuanto presidente.

LINK PARA DESCARGAR VIDEO:
https://youtu.be/ZcarbOEpwOU