DIPUTADA ALEIDA ALAVEZ RUIZ (AAR). Con su venia, diputada presidenta.

Es indispensable apuntar que éste es el primer Plan Nacional de Desarrollo que analiza, discute y, en su caso, aprueba la Cámara de Diputados.

Tiene un significado relevante en un periodo de cambio democrático como el que vivimos al día de hoy. Los efectos de este Plan Nacional de Desarrollo podrán ser medidos a posteriori; sin embargo, muchas de sus líneas temáticas ya se pueden advertir, y son la base para una discusión fructífera en el Congreso.

El documento que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que nos presenta el Presidente de la República, representa un cambio sustantivo en el modelo de planeación y gestión pública. Reivindica el papel de Estado como rector de la política económica y política social tal y como lo dispone el texto constitucional.

No se trata de cambiar o inventar las decisiones fundamentales que se asientan en la Constitución. Por el contrario, se exaltan y se aplican. Las decisiones fundamentales desde el Estado Mexicano plasmadas en la Constitución son, entre otras, la determinación de constituirnos en un Estado democrático, fundamento principal de este cambio de régimen político, el cual es legitimado por la inmensa mayoría de los mexicanos.

Por ello es posible, de manera pacífica, realizar una reingeniería de la administración pública, un gobierno con un aparato burocrático austero, para un pueblo que enfrenta las peores circunstancias de desigualdad y marginación en su historia.

La honestidad, responsabilidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas, permean en el Plan Nacional de Desarrollo. Así se establece mediante el respeto, a las facultades constitucionales, de instituciones estratégicas del Estado.

Nos referimos a la división de poderes y a los órganos constitucionales autónomos, en particular por la trascendencia de las finanzas públicas al Banco de México.

Así quedó demostrado en las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismas que aprobamos a principios de la legislatura, las cuales sacaron las manos de la Secretaría de Hacienda de las decisiones de Banxico.

La responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, será uno de los pilares del quehacer gubernamental. Se establece como líneas gubernamentales en la materia, la disciplina fiscal, el cese al endeudamiento público, el fortalecimiento del mercado interno y de manera decidida el combate a la corrupción.

El cuidado responsable de los indicadores macroeconómicos será un elemento indispensable de la estrategia económica, pero no el fin. No se comprometerá el futuro del país, se apelará a la fortaleza de las instituciones y al combate a la corrupción.

La lucha contra la corrupción se realizará a partir del cumplimiento institucional con el marco normativo, con la reivindicación y vocación del servicio público, no con fórmulas ni sistemas mágicos para sólo a través de la ley hacer valer estas instituciones.

En primer lugar cesarán los privilegios para unos grupos de poder que recibieron en dos sexenios pasados condonaciones ilegales de impuestos, recursos que ascienden entre 400 y 600 mil millones de pesos, a tan sólo 108 contribuyentes, ése es el 1 por ciento de la población privilegiada que debe soportar el otro 99 por ciento que pagamos impuestos.

A esto se refiere, Joseph Stiglitz cuando habla de la desigualdad y que los costos de ella son la falta de desarrollo y competitividad, que tanto pregonaron los gobiernos neoliberales del pasado. A esto bien se le puede llamar corrupción política.

Por si fuera poco el escenario financiero que recibió la nueva administración es mucho más que complicado. Se heredó una deuda de más de 10 billones de pesos, superior al 46 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que compromete cada año más del 15 por ciento del presupuesto anual federal para pagar intereses.

Este gobierno establecerá las bases de un cambio radical en el rumbo del país, un cambio verdadero, se romperán muchos moldes, las viejas instituciones jurídicas no serán más el fundamento del Estado, las cadenas de intereses que sirvieron para sostener a los anteriores regímenes ya no encuentran asidero en este gobierno.

No es raro, por eso, escuchar voces que señalen errores, inconsistencias e incluso injusticias. Habrá que escuchar con mucha atención las raíces de sus reclamos.

La justicia social son otras de las decisiones fundamentales de este Estado. Reivindicar en todo su esplendor, en este documento, esa justicia social los esfuerzos gubernamentales, se dedicarán a generar oportunidades a quienes les han sido negadas en mucho tiempo: jóvenes, adultos, niñas, niños, jóvenes mujeres, trabajadores del campo y ciudad, la sociedad en general encontrará en el Plan Nacional de Desarrollo un espacio para la atención de sus necesidades.

El reto es mayúsculo pero debe intentarse con ética, con libertad y con confianza.

Es cuanto, diputada presidenta.

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ttps://youtu.be/MYyPREX8xZ8