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Cumplimos

Comisión Permanente guarda minuto de silencio por asesinato múltiple de una familia y una estudiante en Guerrero

7 agosto, 2019 - Prensa

En Guerrero nos negamos a acostumbrarnos al familicidio, que es una violación sistemática a los derechos humanos, expuso el diputado federal Rubén Cayetano García.

 

A propuesta del diputado federal, Rubén Cayetano García, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardó un minuto de silencio en memoria de 11 víctimas pertenecientes a dos familias, así como de la estudiante Xóchitl Vázquez Pastor, asesinados en los últimos meses en el estado de Guerrero, por cuestiones que aún no han sido esclarecidas.

 

Al tomar la palabra desde su escaño, el diputado guerrerense pidió un minuto de silencio en memoria de la señora Julia Mora de la Cruz, su esposo Sergio Sánchez y sus hijos, Fernando Yahir, Carlos Augusto, Pedro Ignacio y Pablo Sánchez Mora, así como por la joven estudiante de licenciatura en enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero, Xóchitl Vázquez Pastor, asesinados en Chilpancingo, Guerrero, el 26 de mayo de este año 2019.

 

Asimismo, el legislador de Morena solicitó que en este minuto de silencio se añadiera la memoria de quienes sólo se saben sus nombres y no sus apellidos, Víctor “N”, su esposa Carla “N”, su hija Yamilet “N” -de 8 años de edad-, y Jonathan “N” -de 14 años-, asesinados en Mohoneras, del municipio de Chilpancingo.

 

En su discurso, el diputado Rubén Cayetano dijo que en Guerrero “nos negamos a acostumbrarnos al familicidio, que es una violación sistemática a los derechos humanos y repudiamos que el fiscal del estado del estado, únicamente se concrete a decir que las personas están vinculadas a organizaciones delictivas”.

 

También, hizo un llamado al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para que cumpla su promesa de campaña de dar orden y paz a los guerrerenses, “porque durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, Guerrero se ubicó como una de las entidades federativas más violentas del país”, lamentó .

 

Rubén Cayetano expuso que en 2017, Guerrero ocupó el primer lugar y se consolidó como el estado más violento de México al registrar más de dos mil 114 homicidios, de enero a noviembre. En 2018 se ubicó en el tercero sitio en homicidios a nivel nacional, con una tasa de 61.35 por cada cien mil habitantes.

 

Comentó que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a noviembre de 2018 se cometieron 26 mil 376 homicidios dolosos en todo el país, pero solo en el estado de Guerrero se perpetraron dos mil 54; es decir, más del 7 por ciento del total de asesinatos se cometieron el estado de Guerrero.

 

Igualmente, comentó sobre un estudio elaborado por la Organización Impunidad Cero, que señala que en los últimos tres años, los homicidios dolosos en México se han disparado más del 50 por ciento, pero las sentencias condenatorias por este delito en Guerrero han disminuido.

 

“En Guerrero, el Sistema de Procuración e Impartición de Justicia está prácticamente colapsado, la Fiscalía no atrapa a prácticamente ningún asesino y los tribunales casi no sentencias a nadie; por su parte, policías estatales y municipales, jueces y magistrados han renunciado, casi en su totalidad, a brindar seguridad, a impartir justicia y en su lugar han preferido someterse a los criminales y protegerlos”, criticó.

 

Cayetano García detalló que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores acaba de lanzar una convocatoria a fin de contratar a solo 200 policías, lo que resulta completamente insuficiente y una burla frente a las necesidades de seguridad en la entidad.

 

“No existe un plan para evitar que los policías caigan en la tentación de unirse al crimen organizado y utilicen la corrupción como mecanismo alternativo para incrementar sus ingresos, facilitar la permanencia o ascender en las corporaciones”, alertó.

 

Ante esto, el diputado Rubén Cayetano dijo que la poca planeación oficial de Guerrero y la violencia tocaron a dos familias enteras, 11 personas fueron encontradas ejecutadas en la capital del estado y las víctimas eran integrantes de dos familias completas y una joven universitaria, “razón fundada para pedir, a esta Asamblea, un minuto de silencio en su memoria”.


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